Navelena: empresa controlada por Odebrecht (87%), gigante de la construcción –y de la corrupción. Su CEO fue capturado en junio de 2015 en Brasil–. El 13 % restante es de la empresa Valorcon.
Sin los recursos de Odebrecht, Navelena, con 25 mil millones en activos, se quedó con una APP de ¡2,5 billones!, y un compromiso, para marzo de 2016, de garantizar 662 mil millones y endeudamiento por 1,6 billones –cierre financiero–. En ese momento –noviembre de 2015– de total insolvencia financiera y moral, cuando nadie le prestaba por estar en causal de disolución, el Banco Agrario le facilita plata de los contribuyentes destinada al campo, con dudosas garantías, tasa preferencial y beneplácito del Ministro de Agricultura a través de su delegado, Arturo Dajud.
Aun así, Navelena completó cinco incumplimientos ante la permisiva Cormagdalena, hasta diciembre de 2016, cuando aparece el Banco Sumitomo, pero el escándalo de los sobornos condiciona su participación a la salida de Odebrecht, con plazo hasta febrero 25 de 2017.
Friogán: Para la época, el ministro Iragorri presidía otra Junta, la del Fondo Nacional del Ganado (FNG) a través de otro delegado, el viceministro Pineda. El FNG, con un 78,7 % es el controlante de Friogán, empresa dedicada al sacrificio de ganado. En el 21,3 % restante tienen participación la Gobernación de Antioquia, municipios y ganaderos.
A Friogán, limpia de malos manejos, la afectó la pérdida del mercado venezolano y la competencia de la informalidad, por nueve años de aplazamiento del Decreto 1500 de 1997. No obstante, con una situación mucho más sana (activos por 176.475 millones y pasivos por 94.755), esta empresa del sector agropecuario, vital para la ganadería y controlada por un Fondo cuya Junta presidía el ministro de Agricultura, nunca recibió tan generosa oferta del Banco Agrario, que la habría salvado con apenas 35.800 millones de capital adeudado a los bancos; lejos de los escandalosos 120.000 millones y con respaldo de activos por 250.000 a precio de reposición.
Lo que hizo el Ministro fue apoyar la admisión de Friogán y el FNG a la Ley 1116 de 2006, y en diciembre de 2015 convirtió esa legítima condición en causal para quitarle a Fedegán la administración del Fondo. En 2016, incumpliendo sus funciones como presidente de Junta, y violentando la mayoría, el viceministro impidió un acuerdo de acreedores y lanzó a liquidación al FNG y a Friogán.
Dicen que Friogán será vendida a la multinacional Minerva o a Guadalupe, con lo cual tendrían posición dominante en perjuicio del ganadero, sin que al Gobierno le preocupe. Pero cuando exigíamos el Decreto 1500, entonces sí, Juan Camilo Restrepo acusaba furiosamente a Fedegán de pretensiones monopólicas.
Los contrastes son evidentes. Entretanto, el ministro Iragorri calla, con la cabeza metida en el hueco de su precandidatura.