Desde mí cocina
Por Silvia Betancourt Alliegro
Empieza la guerra sucia – que acertadamente denominamos campañas electorales- entre los aspirantes a manejar a su antojo las contrataciones con el Estado. Los contratos firmados cotidianamente, que son consensos pragmáticos, han suplantado los cimientos de la vida tal como la recordamos los que llegamos a la edad del exilio de lo decisorio.
Y si el discurso filosófico no une o cuestiona los criterios, ¿qué podrá sustituirlo? Por que es indiscutible que se requieren medidas de control para ejercer las gestiones… por ahora se usan métodos más o menos policíacos para alinear a los gobernantes que contratan obras que supuestamente son para el bien común, que ‘extrañamente’ valen más de lo que usualmente le costarían a una empresa privada.
Durante la juventud nos inculcaron concienzudamente que éramos responsables de nuestros actos, que teníamos que caminar por la existencia cotidiana siguiendo las normas establecidas; pero después de un trayecto largo recorrido, nos indica la razón que según el tiempo todo cambia: opiniones religiosas, morales, políticas, artísticas, literarias.
La globalización con su tribuna, Internet, no campeaba sobre la humanidad, y haber nacido en otro medio ya no es pretexto para no alinearse en las filas de los consumistas.
Ya nadie habla de moral, pasó de moda -como los fundamentos filosóficos- y basta con que un gobernante quiera imponer su criterio por egoísmo egocéntrico sumado al afán de lucro, para que las generaciones futuras sean privadas de lo esencial para la vida: agua y arquetipos.
Aquí en Colombia, como en Francia o Estados Unidos, los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y sus correlacionados, marchan por senderos diferentes, no hay evidencia de que luchen mancomunadamente por el bien del conglomerado que los elige, no por el uso de la razón, sino por seducción publicitaria, que en el caso de los empleados públicos se debe calificar como propaganda pagada con los impuestos del elector: proselitismo en contra de nosotros mismos.
Hablo basada en la experimentación personal, pues he pecado por votar para vetar, y como tengo que achacarle a alguien mi error, pues afirmo que no he encontrado en la Constitución Política de la República de Colombia ningún artículo que le ordene a los funcionarios públicos trabajar coordinada y desinteresadamente por el bien de la población nacional, y si alguien lo conoce, le suplico me lo haga saber para el bien de mi espíritu de colombiana, y de paso aferrarme a él para darle un sentido a mi existencia como comentarista del tiempo en que encarné.
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