No me refiero a la milenaria peregrinación española, sino a Enrique Santiago, abogado español, comunista y reconocido defensor de los derechos humanos y también de subversivos. Como asesor de las Farc, trazó el camino para convertir lo que era considerado, aún para el Gobierno, como una exigencia desmesurada de las Farc, en una jurisdicción a su medida, para garantizar impunidad y consolidar su estrategia de socializar la culpa e imponer al país una justicia omnipotente y atemporal.
Primero fue el rechazo al Marco Jurídico para la Paz, que el Gobierno consideraba un trofeo, y luego, con la presión del tiempo, que atormenta a Santos y hace reír a Timochenko, la gestión de una “comisión” donde las Farc empujaron al Gobierno a cruzar sus líneas rojas.
El Marco Jurídico para la Paz se fue a la basura con el referendo, la extradición y otras claudicaciones. Las Farc impusieron su justicia “restaurativa” –léase impunidad– y la justicia transicional concebida para su reinserción se convirtió en una superinstancia que fracturó el sistema judicial y la Fiscalía, amenazando con convertirse en martillo vengador para miles de ciudadanos enredados en la violencia rural durante décadas.
La ganadería debe estar atenta. Quiero creerle a De la Calle cuando tranquiliza a los llamados “terceros” de la JEP; pero la dolorosa experiencia de los ganaderos me lleva a creerle a las Farc, que hace medio siglo los declaró objetivo militar por ser propietarios de tierra, según ellos robada en su totalidad, para luego estigmatizarlos como paramilitares, una generalización que ha costado miles de vidas.
Lo acaba de reiterar Santiago en El País de Madrid, uno de los diarios más leídos del mundo: “…diversos ejércitos privados de extrema derecha en manos de latifundistas y ganaderos, con obvia permisividad del Estado, han exterminado a la oposición democrática y despojado 8 millones de hectáreas, provocando 7 millones de desplazados…”.
Ese es el tono del arquitecto de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el que sigue marcando camino, ahora para crear una narrativa en contra de los ganaderos, que no solo permeará a una jurisdicción sesgada desde su nacimiento, sino también a la jurisdicción agraria que definirá expropiaciones y redistribuciones.
Y para completar, Gobierno y Farc anuncian acuerdos para luchar “contra las organizaciones criminales (…) que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y (…) amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. En otras palabras, para perseguir a esos “ejércitos privados” que la mala fe de Santiago pone “en manos de latifundistas y ganaderos”. Ese es el tono de los Acuerdos de Paz. La ganadería está advertida.
Nota bene. La campaña de Óscar Iván Zuluaga fue infiltrada para asegurar las elecciones. El país tiene derecho a la verdad.