Juegan el papel de defensores, pero también de acusadores. Y en esa dinámica pueden perder o ganar. Pero a ellos los contratan solo para ganar, así que más allá de las posibilidades humanas les exigirán resultados positivos. Es la labor de los abogados, especialmente de los penalistas.
Basta buscar en la prensa para entender que muchos abogados viven bajo amenaza en cualquier parte del país, y por supuesto en el Cesar. La última víctima de ese riesgo latente fue el joven litigante Edwin José Puello, asesinado el pasado martes en Maicao, La Guajira. A sus 34 años Puello registraba bajo su cargo varios procesos judiciales, el último, el caso del cantante Juan Mindiola.
El jurista fue encontrado sin vida por las autoridades en su carro. El reporte de la Policía de La Guajira indica que la comunidad escuchó cuatro detonaciones de disparos pero que una vez revisado el vehículo encuentran que murió de una herida en el maxilar.
“Era una persona bien formada de una familia buena, gente justa, social y se formó como abogado como una persona de buenos principios, no se le conocieron ni se le conocía ninguna clase de problemas al contrario era muy servicial”, detalló Rafael Palacio, amigo de Edwin Puello.
Sin duda, la anterior frase describe el infortunio de los abogados, víctimas de hacer bien su trabajo. Y es que dentro de la investigación, se maneja la hipótesis de una “venganza” en contra del joven jurista por un proceso en el que fue condenado un hombre por delitos sexuales.
“Dentro de su trabajo, el abogado vive en el riesgo de que alguna gente quede resentida y fácilmente pueden tomar represalias. Se ven litigios que son muy rentables económicamente, entonces el que pierda seguro no quedará contento, y todo apuntará hacia el abogado”, aseguró un litigante que pidió no ser citado.
Existen pocos estudios y estadísticas acerca de la muerte de abogados en Colombia. Sin embargo, se han determinado zonas rojas para ejercer la profesión como el departamento del Valle del Cauca, principalmente su capital, Cali. Y la cifra es preocupante. Las organizaciones sociales hablan de más de 800 abogados asesinados en Colombia desde 2005 hasta el 2014 en ejercicio de su profesión.
LAS AMENAZAS Y LA AUTOCENSURA
Ante una amenaza de muerte o un atentado, la primera de medida de protección de muchos abogados es la autocensura, abandonar las denuncias o los pleitos que pudieron causar las amenazas.
“Hay también mucho tipo de presiones en contra de nosotros (abogados), para que uno intervenga o deje de hacer cosas, son esas presiones silenciosas que limitan el trabajo del jurista”, señaló una fuente que pidió confidencialidad.
El 11 de diciembre del año pasado, un hombre disparó en contra del auto donde se transportaba hacia Valledupar el abogado Luis Avendaño. El jurista no resultó herido de gravedad.
“He venido denunciando muchos casos de corrupción que toca gente poderosa, quizás eso conllevó al atentado”, comenta Avendaño, quien a más de cuatro meses del atentado reforzó con medidas preventivas su seguridad. Además, lleva varios años como representante de las madres de los menores neonatos muertos en la clínica Laura Daniela.
“Yo era una persona activa en el ejercicio de mi labor. Obviamente ya actúo con miedo”, expresó el litigante que junto a las madres de los neonatos busca que la clínica responda por el supuesto mal manejo clínico y la aplicación de un medicamento fraudulento.
Es ese miedo a represalias y lo que califica como “falta de garantías” lo que según Avendaño ha limitado su trabajo. “Por denunciar hechos de corrupción, me condeno a vivir en una cueva para que no atenten en contra de nuestras vidas”, agrega.
Avendaño logró sobrevivir a su atentado, aunque su vida cambió, pero no fue el caso del jurista Mauricio Pinzón. Al parecer también por su trabajo de abogado, fue asesinado de dos impactos de bala en la cabeza en una finca del corregimiento de Río Seco, al norte de Valledupar en mayo del 2015.
Más reciente, en febrero de este año, el abogado y excongresista cesarense Álvaro Morón Cuello recibió un impacto de bala en el pecho cuando salía de la Funeraria Recordar. En el proceso de investigación se busca determinar si el atentado era contra el abogado que ha ejercido su profesión con reconocidos casos como el de la herencia que dejó el cantautor vallenato Diomedes Díaz Maestre, o no tenía relación su trabajo.
En Colombia, de acuerdo con el sistema de información del Registro Nacional de Abogados, hay aproximadamente 400 mil profesionales inscritos con tarjeta profesional. Son 355 abogados por cada 100 mil habitantes, índice que sobrepasa países vecinos. Colombia es un país de abogados a pesar de todos los riesgos.
Sin duda, es necesario empezar a hablar y determinar políticas de seguridad para que los abogados penalistas puedan realizar sus profesiones sin preocuparse por la seguridad, solamente en buscar la justicia.
Por: DEIVIS CARO DAZA / EL PILÓN
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