No hay que desconocer que la ciencia médica ha avanzado y gracias a muchas de sus invenciones hoy se puede prevenir y curar la enfermedad. De hecho, cuando la humanidad es azotada por una enfermedad mortal y aparecen las vacunas para prevenirla, se recibe con optimismo y entusiasmo aquella invención. Pero creo que no ha pasado lo mismo con la vacuna aprobada para prevenir el cáncer de cuello uterino (VPH). Desde su aparición en el mercado en el año 2006, pues han sido múltiples las quejas e inconformidades de los padres de familias en países como España, Argentina y Paraguay, por las reacciones y efectos colaterales que ésta presuntamente produce a su aplicación a las niñas objeto de vacunación. En el caso Colombiano, el detonante para poner en relieve el problema fue la vacunación masiva de las escolares en la población del Carmen de Bolívar y sus reacciones simultaneas que congestionaron la sala de urgencia del hospital local de ese Municipio; pero este problema ya venía existiendo tiempo atrás e incluso denunciado por una cadena radial y un diario nacional desde el mes de enero de 2013, como ocurrió con el caso de una niña de la región de Arauca que según su progenitor se agravó después de recibir la segunda dosis de la vacuna. Vale decir, el tema hoy está enfrentando a los padres de familias de las niñas vacunadas que reclaman y protestan por los efectos colaterales que al parecer ésta produce y las autoridades de salud que con evidencia científica soportada por el aval de la Organización Mundial de la Salud defienden su efectividad y desmienten cualquier situación sobreviniente a su aplicación. Fue así que en medio de este enfrentamiento el Ministro de la Protección Social dijo que era solo una alarma y que era muy mínimo el número de casos ante la cantidad de dosis que ya se habían aplicado; mientras que el Presidente Santos manifestó que habían pruebas científicas que indicaban que la vacuna no estaba contra indicada y que el hecho lo habían aprovechado los abogados oportunistas. Sin dudas esta problemática se ha convertido en una situación de difícil manejo e incluso hasta para opinar. Pero más allá de la discusión científica sobre las bondades o no de la polémica vacuna, considero que el debate se debe dar alrededor del “consentimiento informado en pediatría en el uso de las vacunas”, pues el niño es un paciente especial y considerado incapacitado desde el punto de vista legal, lo cual lo hace merecedor de un conjunto de derechosque están por encima de los derechos de los mayores; pero muchas veces se pasa por alto la opinión del niño por estar en edad pediátrica y se subvaloran sus derechos, su intelecto y su capacidad moral para la toma de decisiones. En razón a ello, es importante hacer un llamado a las autoridades locales de salud y personal asistencial encargado de vacunar, pues deben recordar que el derecho informado previsto en la ley 23 de 1981 (art 15), no hace excepción de pacientes, pues este se debe entender que lo es cualquier ser humano sin distinguir la edad, y lo más seguro es, que en los colegios no se está exigiendo que se realice este protocolo, ni se esté dando la información suficiente sobre este tratamiento médico, y terminan vacunando al menor sin su consentimiento, ni mucho menos el de sus padres, lo que de hecho puede generar responsabilidad a cargo del Estado de comprobarse que la vacuna origina algún daño para la salud. Entonces señor presidente, los abogados no estamos tan lejos del problema que está generando la vacunación contra el papiloma humano.