En un Estado Social de Derecho, el cual garantiza y promueve los Derechos Humanos de las personas, muy seguramente no puede ser ajeno de la aplicación e implementación de acciones que busquen la materialización del ejercicio de todos y cada uno de esos derechos que han sido reivindicados y reconocidos por los Sistemas de Protección de los Derechos Humanos y primordialmente de los Estados que hacen parte de ese compendio de organizaciones universales y regionales en pro de la dignidad y libertad de las personas, sin importar su nacionalidad, credo, militancia política, edad, género, religión, etc.
En el país del Sagrado Corazón de Jesús y de morrongos camanduleros, ha hecho revuelo y escándalo en las redes sociales el costo tan elevado de una consulta por los candidatos de un partido político (Liberal), llevada a cabo este fin de semana 19 de noviembre de 2017, consulta de cara a la próxima elección Presidencial año 2018, dicha elección definió el candidato único de esa colectividad.
Es un proceso inherente a un Estado Social de Derecho, el cual garantiza, promueve y protege el ejercicio de todos los derechos de las personas que integran este paraíso, tal y como lo consagra la Constitución de 1991, que parece más una utopía que una carta Constitucional “siendo esto una ventaja y beneficio para nuestra sociedad”.
Pero en fin, para quienes están acostumbrados a exigir sus derechos y que además hacen usos de esos mecanismos para exigirlos como las acciones constitucionales, por ejemplo, les comento que en un Estado Social de Derecho lo primordial es cumplir lo sustancial de la garantía y protección de esos derechos que son civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, los derechos individuales y colectivos; entonces por qué nos preocupa la inversión de los 40 mil millones para garantizar el libre ejercicio de la democracia, en últimas todos los partidos y movimientos políticos deberían someterse a estas consultas, con el fin de garantizar un proceso amplio y participativo lejos de negociaciones y acuerdos herméticos entre la clase política tradicional que negocia la forma como se consumen los recursos públicos, o es ¿que acaso ese es el modelo de participación, el cual estamos exigiendo al manifestar descontento ante este acto democrático y de la participación política en nuestro país?
Sí, es verdad que podrían construirse 40 kilómetros de carretera, 1.000 o 2.000 soluciones de vivienda con esos recursos, pero recordemos que el enfoque de derechos humanos es precisamente mirar los Derechos como una Integralidad, que se apliquen respetando el acceso a cada uno de ellos y a todas las personas por igual proporción.
Hacer control a los recursos públicos para que se empleen de una manera eficaz, pero sobre todo tener en cuenta que la aplicación de esos derechos que a veces exigimos, tienen un costo tasado en dinero.
Además, el desarrollo de los seres humanos se mide en goce efectivo y acceso a las garantías de derechos, no en Producto Interno Bruto o desarrollo económico, aclarando esta parte ya que al parecer existen personas que aún creen que el cemento y las varillas es lo único que mide el desarrollo en una sociedad.
*Especialista Derechos humanos & Derecho Internacional Humanitario
Por José Blanco