Durante mucho tiempo Colombia a diferencia de otras naciones de Latinoamérica es un país que sortea y continua batallando con el conflicto interno armado. Pero la guerra ha tenido tintes muy particulares, por ejemplo, durante un determinado período de tiempo las víctimas cayeron ante los violentos tras ser catalogadas como guerrilleras o paramilitares. Tal como es el caso de Marilys de Jesús Hinojosa Suárez, una jueza de Becerril que fue asesinada en un día como hoy pero del año 2003, a la altura del municipio de Agustín Codazzi.
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La tragedia, que pasó a ser uno de los hitos del trasegar subversivo, sucedió cuando Hinojosa Suárez se desplazaba en su vehículo de Valledupar hacía su lugar de trabajo, acompañada de su amiga, la comerciante Betsi Miguelina Ramírez.
Según la investigación, en el camino las mujeres fueron interceptadas por tres personas armadas que se movilizaban en una camioneta y quienes las esperaban a la altura de la glorieta, ubicada a la salida del municipio en mención.
Los sujetos las atacaron a disparos sin piedad, ocasionándole la muerte instantánea a Hinojosa Suárez mientras que su acompañante quedó gravemente herida.
Pero el crimen no fue la única sangre derramada de la familia Hinojosa, para la época los primos Tobías Hinojosa y Ariel Hinojosa también fueron asesinados.
TILDADA DE GUERRILLERA Y PARAMILITAR
Las investigaciones iniciaron y prontamente revelaron que detrás del homicidio de la jueza estuvo el frente ‘Juan Andrés Álvarez’ del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
En boca de los exparamilitares la figura de Marilys de Jesús Hinojosa pasó a ser objeto de señalamientos durante los procesos que se adelantaban en Justicia y Paz.
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Por un lado, según el expediente en contra de Tovar Pupo, este habría amenazado a la funcionaria señalándola como testaferro del comandante guerrillero alias ‘Simón Trinidad’, quien convivía en unión libre con una sobrina de la juez, conocida con el apodo de ‘La Toya’.
Una versión similar entregó en el mes de mayo de 2009 Alcides Manuel Mattos Tabares, alias ‘El Samario’, ante la Fiscalía tercera de la Unidad Nacional de Justicia y Paz. El antiguo ‘expara’ aceptó su participación en el homicidio y declaró que la víctima se reunió en dos oportunidades con cabecillas del bloque paramilitar y con un capitán del Ejército adscrito al Batallón Guajiros con el objetivo de entregarles información judicial.
“Sin embargo, según alias ‘El Samario’, el grupo ilegal se enteró que la jueza también estaba colaborando con la guerrilla mediante la supuesta entrega de los movimientos de las tropas del Ejército Nacional y las AUC. Así mismo, aseguró, que la víctima era familiar de la compañera sentimental de Juvenal Ovidio Palmera Pineda, alias ‘Simón Trinidad’ ”, dijo en su momento la Fiscalía.
LA OTRA VERSIÓN
Durante la investigación surgió otra versión. Que su muerte presuntamente obedeció al apoyo político que le dio a un familiar que aspiraba a la alcaldía de Becerril y que disgustó a más de uno.
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Es así que en el 2009 el Juzgado Octavo Especializado de Bogotá condenó a Tomas Ovalle y Jhonny Amaya, ex alcaldes de Codazzi y Becerril, respectivamente por homicidio y tentativa de homicidio.
Al igual que también fue sentenciado Javier Machado Quiroz, excandidato a la Alcaldía de Becerril, Fabián Rengifo Molina y Luís Fernando Machado.
Sin embargo, EL PILÓN conoció que todo lo actuado contra ellos fue anulado por la Corte Suprema de Justicia que falló a favor de una causal de revisión solicitada por la defensa de los hermanos Luis Fernando y Javier Machado Quiroz.
Por tal razón, la corte después de un largo proceso declaró sin valor las sentencias del 7 de enero y 7 de diciembre de 2009, proferidas, en su orden, por el Juzgado 8º Penal del Circuito Especializado y el Tribunal Superior de Bogotá.
Es así que tras 18 años del crimen la historia y la verdad sobre la muerte de la administradora de justicia es difusa.