El día que la Asamblea eligió al contralor departamental para el periodo 2020-2021 la portada y el debate en varios medios se centró en la pregunta al entonces aspirante y hoy contralor Edwin Jiménez.
“¿Cree usted que estar casado con una prima hermana del gobernador (Luis Alberto Monsalvo) le permite tener la independencia suficiente?”.
En la sesión del 7 de enero, Jiménez con seis votos fue el elegido entre la terna. Pero los cuestionamientos sobre su cercanía con quien debería vigilar crearon una sombra de dudas que solo podría esfumarse con el desarrollo transparente de sus funciones.
Ahora, pasados tres meses, muchos recuerdan aquel cuestionamiento dado el silencio de la Contraloría Departamental en medio de la actual crisis del Gobierno.
El gobernador se defendió y aseguró que actuó con transparencia. Es una noticia en desarrollo…
No se le pide a la Contraloría departamental actuar alimentando titulares mediáticos. El ruido en las entidades de control (humo) es enemigo de la transparencia, pero su falta de acción es preocupante.
El artículo 272 de la Constitución establece que “la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías corresponde a estas y se ejercerá en forma posterior y selectiva”.
Es hora de que la Contraloría Departamental le notifique a la ciudadanía si la entidad controlada adquirirá bienes y servicios y hará contratos en los que no se paguen coimas de forma subrepticia y si se hacen rendir los dineros públicos o si algunas ‘ratas de alcantarilla’ como las ha calificado el presidente Duque, que merodean los laberintos y cañerías de los edificios públicos, sin o con el conocimiento del mandatario, pero en todo caso con su responsabilidad, van a continuar su rutina.
Es probable que el Contralor no pueda hacer eso por su claro conflicto de interés y porque el gobernante que lo hizo elegir, ni la Asamblea, le pidieron que protegiera los recursos públicos, que le hiciera las advertencias oportunas y que protegiera la reputación y el honor del gobernador.
Si así lo hubiera pedido el gobernador Monsalvo, probablemente el pariente contralor lo hubiera puesto a salvo y se habrían unido el interés de Monsalvo y el interés público. Pero era ver para otro lado, haciendo un flaco servicio. Recomendamos respetuosamente al gobernador que pida a la Asamblea que busque a alguien independiente y honesto que le cubra la espalda pero no para tapársela sino para advertirle cuando aquellas ‘ratas’ se asoman.
Ha sido recurrente el interés de expertos en acabar estas contralorías de bolsillo que además mantienen una burocracia costosa y en general inservible. No ha sido fácil el desmonte de ellas.
Ya conocido que el amable contralor departamental no abrió los ojos, exponiéndose él y el gobernador, la Contraloría General lo despojó de sus facultades y asumió competencia prevalente, mediante la Resolución 797 del 21 de abril de 2020 sobre tres de los ya conocidos contratos de mercados de la Gobernación con las fundaciones Fudsocial, Visión Caribe y Servicios Integrales del Caribe.