De vez en cuando -y en distintos foros-, tanto el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, como el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, se ufanan de la situación de la economía colombiana afirmando que esta pasa por una buena situación, más aún si se le compara con otras naciones de América Latina o con la endiablada situación de Europa y hasta la de los Estados Unidos.
Recientemente aquí en Valledupar, durante la realización del Acuerdo Para la Prosperidad, Santos aprovechó la ocasión para insistir en que con una tasa de crecimiento de su PIB tan atractiva y con una inflación baja y controlada, inferior al 4 por ciento, el índice del malestar económico era relativamente bueno y este debería ser un motivo de orgullo.
La semana pasada fue el gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, quien en un evento de rendición de cuentas a la comunidad sobre los avances de la macroeconomía colombiana, nuevamente da un parte de victoria sobre el tema, acudiendo a los mismos indicadores: tasa de crecimiento del PIB (que estaría entre un 3,7 y un 4,9 por ciento al cierre de 2012), inflación (por debajo del 4 por ciento) y desempleo (por debajo del 10 por ciento), fundamentalmente.
Sin duda son buenas cifras, las mismas muestra que tenemos una macroeconomía sana y eso es mucho decir en medio de semejante turbulencia y desespero que están viviendo los Europeos y – hasta hace poco- los norteamericanos.
Pero no hacen bien estos respetables funcionarios públicos, cuando omiten decir que es mucho, pero muchísimo, lo que falta aún por hacer para mejorar la economía del país, en el futuro, y en particular el bienestar de millones de colombianos que hoy no disfrutan para nada de esas cifras.
Hay que hablar de la pobreza, de la indigencia, de la desigualdad, entre muchos otros problemas, que el Estado debe contribuir a reducir con distintas políticas públicas; de aspectos de economía social y de microeconomía, entre otros, que plantean una agenda compleja y larga hacia el futuro.
Además del tema del proceso de paz, que todos esperamos llegue a buen puerto en un año o menos, el país tiene que hablar de la situación de su infraestructura, que presenta un grave retraso y que constituye un cuello de botella para una mayor productividad y competitividad; de la educación y la capacitación laboral de millones de colombianos, que hoy no son empleables y que, por lo tanto, constituyen un recurso humano allí sin utilizar; de desarrollo agropecuario en un país con tantas y tan buenas tierras, entre otros temas.
De allí que resulte de la mayor trascendencia que la sociedad colombiana digiera, analice y reflexione sobre el diagnóstico del Consejo Privado de Competitividad, que dirige Rosario Córdoba Garcés, ex directora de la Revista Dinero. El gobierno del presidente Santos tiene una agenda pendiente, larga y compleja por delante, en materia de reforma económicas y de políticas públicas que el país requiere para ser más eficiente, competitivo y menos desigual.
En esa amplia agenda es mucho lo que se tiene que trabajar desde regiones como la Costa Atlántica, y en particular desde departamentos como el Cesar, para articularnos a esas políticas y buscarle opciones de negocios a nuestros empresarios y nuestra gente. Estos son temas pendientes que no se deben omitir en esos eventos públicos cuando se saca pecho sobre algunos indicadores económicos, dejando de lado otros, quizás más importantes, que demuestran que es larga la tarea que tiene que realizar la sociedad colombiana, lideradas y coordinadas por el Estado, a través de sus distintas agencias, pero con un gran papel del sector privado, de las universidades y todo el sistema educativo, como también desde sus sindicatos y otras organizaciones sociales para avanzar en la construcción de la Colombia que soñamos más competitiva, eficiente, más próspera y equitativa.