Por: Francisco Cajiao
En la presentación del lunes anterior en Ibagué, el señor Presidente y la Ministra de Educación informaron los avances conseguidos en lo corrido del gobierno. A mi juicio, el logro principal es haber dado un paso que estaba pendiente hacía muchos años, consistente en asegurar la gratuidad para todos los estudiantes del sistema oficial hasta el grado once. Esto ya lo habían conseguido algunas entidades territoriales, entre las cuales se destaca Bogotá, que se anticipó seis años con recursos propios. A ello se añade la dotación de textos escolares que pueden contribuir al aprendizaje del lenguaje y las matemáticas en la escuela primaria.
Se mencionó también la reducción de la deserción en preescolar, básica y media de 4,83 a 4,53 por ciento, y en educación superior del 12,9 al 11,8 por ciento, entre el 2010 y el 2011. Este segundo dato tendría que ser mucho más detallado, pues hace apenas un año, cuando se estaba discutiendo la reforma de la Ley 30, se hablaba de niveles cercanos al 50 por ciento, dato reafirmado tanto por los rectores como por el Ministerio. También es importante el avance en la reducción del cobro de intereses de los créditos ofrecidos por Icetex a los estudiantes de más bajas condiciones económicas, así como el inicio de procesos de condonación de deudas por alto rendimiento académico.
En una entrevista posterior, la Ministra anunció que no se presentará al Congreso una nueva propuesta de reforma de la educación superior, con lo cual quedará pendiente este asunto, que el Gobierno había presentado como una de sus prioridades.
Es innegable la preocupación por el tema de la calidad como un instrumento fundamental para reducir las brechas sociales. El diagnóstico es correcto, pero quedan dudas sobre los mecanismos para conseguirlo. Las entidades territoriales están cada día más limitadas para buscar estrategias propias, y si hay algo que requiere flexibilidad es la búsqueda de alternativas para conseguir resultados en la formación integral de los niños y los jóvenes. Si bien las pruebas que realiza el Icfes, así como las internacionales, constituyen un indicador que debe tenerse en cuenta, estos resultados están muy lejos de agotar una concepción integral de la calidad, y menos aún para trazar estrategias pedagógicas, que en la experiencia mundial son enormemente variadas.
El Ministerio ha adoptado una posición centralista al definir una estrategia para todo el país, según la percepción de muchos secretarios de educación. En algunas entidades territoriales, el número de niños por grupo, especialmente en los primeros años de primaria, es mucho más significativo que un protocolo de clase o que la disponibilidad de un texto. En otras partes es definitivo el número de horas que se destinan al aprendizaje efectivo, que en transición es de 20 horas a la semana y en primaria, de 25, tiempos insuficientes no solo para el aprendizaje, sino para el cuidado y el diseño de actividades formativas, recreativas y culturales. La exclusión de los niveles de jardín y prejardín del sistema general de participación es un grave obstáculo para el desarrollo eficaz de la educación infantil, como la planteó la Ley 115 de 1994.
Me parece que este segundo tramo del período de gobierno debería hacer un esfuerzo grande en la búsqueda de mecanismos de fortalecimiento de la descentralización, estableciendo acuerdos de calidad con las entidades territoriales, de manera que se fortalezca su capacidad institucional y se dé mayor protagonismo a rectores y maestros en el diseño de las estrategias de calidad más convenientes a cada lugar. El Ministerio podrá así aprender de la iniciativa local y avanzar en reformas estructurales importantes, que den flexibilidad a procesos administrativos y laborales que desde mucho tiempo atrás privilegian la eficiencia sobre todo lo demás.