Hechos: el Gobierno quiere legalizar los cultivos de coca de hasta diez hectáreas; los narcos pagan un millón de dólares para ingresar a la “paz total” de Petro; la disminución acelerada de las operaciones militares y policiales en todo el país; la presencia armada de las Farc en Yarumal.
La ausencia absoluta de reacción ante la ocupación de Yarumal por las Farc demuestra la paralización de la Fuerza Pública. Los grupos violentos campean a sus anchas. La población civil está a su merced. El cese del fuego ha creado muchos ‘caguancitos’ en todo el país.
El descenso de las operaciones, sin embargo, venía desde antes del cese al fuego. Las acciones ofensivas de la Fuerza Pública se redujeron un 70% durante el primer trimestre de Petro. El Fiscal dijo que hay 2.260 órdenes de captura por homicidios sin ejecutar por la Policía. Y había señalado que “en los dos últimos años, llegamos a incautar entre 25 y 35 toneladas de coca mensual. Pero del 1.º de enero a hoy, cero”. Antinarcóticos respondió hace un par de días. Dijo que la “Policía ha incautado, en el 2023, 35 Tn de cocaína”. Después se sinceró: “parte de estas incautaciones se realiza en territorio internacional”. Es decir, no las hizo la Policía porque ella no opera en aguas internacionales, pero se las adjudica como propias. Está en mora de decir cuántas Tn realmente incautaron.
Antinarcóticos también confesó que la Policía no está erradicando porque “se están reentrenando” y aún no hay definición de lo que se va a hacer este año. El Director de la Policía tiene que decir si hay órdenes o no del MinDefensa y Petro de congelar las operaciones contra el narcotráfico.
Mientras, Semana revelaba que a los narcos les están pidiendo un millón de dólares para ser gestores de paz. “En las denuncias que hicieron varios abogados a este medio fue mencionado, con cierta regularidad y temor, el nombre de Juan Fernando Petro”, agrega. El hermano de Petro, con el antecedente de sus reuniones con narcos en la Picota, dijo que “están usando mi nombre”.
También se conoció que el Gobierno pretende legalizar los cultivos de coca de hasta diez hectáreas, el 67% de las 204.000 que había a diciembre de 2021. Esas h producen 938 Tn de cocaína.
No se cuál de las noticias es más grave. Parecen probar que el pacto de la Picota, nunca investigado, fue una realidad y que ahora se pagan los favores de entonces y se cumplen los acuerdos alcanzados en campaña. Un escándalo peor que el del proceso 8.000, en realidad. Y aún si tal acuerdo no existiera, los hechos muestran un Gobierno entregado a favorecer, de todas las maneras posibles, a los mafiosos, desde los de las Farc hasta los del ‘Clan del Golfo’. Pero nada pasa. Con la excusa de la “paz total” llegamos a la narcocracia. Mientras, cercanos al Gobierno se hacen millonarios. Y nadie se inmuta.