Desde el 10 de junio de 2011, cuando se sancionó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se fijó un plazo de cuatro años para registrar a las personas que, antes de esa fecha, habían sufrido daños a causa del conflicto. Todas las instituciones encargadas y los líderes de víctimas coinciden en que hay personas que se van a quedar por fuera, lo que implica no acceder a la indemnización a la que tienen derecho ni a los demás beneficios que ofrece la norma.
En abril pasado, la Procuraduría General de la Nación, con ayuda de los senadores Alexander López y Clara Rojas, presentó un proyecto de ley para ampliar el plazo dos años más. El proyecto ya pasó un primer debate en el Senado e iba a ser discutido en plenaria, pero se frenó cuando este organismo se declaró en paro legislativo. Los ponentes saben que ya no tienen tiempo de actuar antes de que se cumpla el plazo y por bien que les vaya podrían tener una respuesta en agosto de este año.
Vale aclarar que este plazo solo aplica para quienes hayan sido víctimas antes del 10 de junio de 2011, quienes hayan sufrido daños después de esa fecha tienen dos años después de la ocurrencia del hecho para hacer su declaración. Las cifras de registro lejos de disminuir han aumentado en los últimos meses: el año pasado se recibieron cerca de 30 mil declaraciones mensuales y en abril y mayo de 2015 la cifra ascendió a 40 mil. Además, el 70% de las personas incluidas en el registro fueron víctimas antes del 2011.
Las instituciones que componen el Ministerio Público – la Procuraduría, la Defensoría y las personerías – son las que deben recibir las declaraciones de las víctimas para que estas sean incluidas en el registro. Ahora estas agencias proponen que se amplíe el plazo argumentando que muchas víctimas aún no conocen sus derechos y porque transcurrió un lapso de tiempo considerable desde la expedición de la ley y la creación de un mecanismo para la recepción de las declaraciones que, según el mismo Ministerio Público, no funciona de manera óptima en todo el territorio nacional.
El proyecto de ley asegura que un alto porcentaje de víctimas podría quedar por fuera del registro porque el país no cuenta con la capacidad institucional, dado el poco presupuesto asignado. Este problema fue denunciado por los personeros de todo el país, quienes han recibido el 78% de las declaraciones, desde los primeros días de vigencia de esta ley. “Desde el comienzo hemos venido diciendo que en municipios de categoría 6, donde a veces se concentra gran cantidad de víctimas, los personeros necesitan cosas básicas como el recurso humanos, un espacio físico digno, donde al menos haya un computador y sillas para atender a las víctimas y eso no está pasando”, explicó Camilo Fonseca, Director de la Federación Nacional de Personeros (Fenalper).
No hay claridad de cuántas personas quedarían fuera del registro. La Unidad de Víctimas asegura que se ha hecho un trabajo de difusión con ayuda de 400 emisoras comunitarias de todo el país, pero cree que por lo menos un 6% de la población víctima no hace parte del registro. Fenalper, por su parte, calcula que hay por los menos 38.802 declaraciones represadas en las personerías. Cifra que obtiene a partir de la proyección de los turnos que durante febrero y marzo fueron asignados en las personerías.
Desde enero, la Defensoría del Pueblo inició un plan de acción para hacer jornadas masivas de recepción de declaraciones en departamentos como Cauca, Nariño, Chocó y gran parte de la Costa Caribe. Sin embargo, “hay barreras geográficas que nos han impedido llegar a muchos lugares, por ejemplo a municipios ribereños del litoral pacífico. Somos conscientes de que hay gente que allí se puede quedar por fuera”, indicó Juan Manuel Osorio, defensor Delegado para la Orientación y Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado Interno de la Defensoría del Pueblo.
La Unidad de Víctimas ha aclarado que se estudiarán los casos en los que motivos de fuerza mayor hayan impedido que las víctimas entregarán la declaración. Con este argumento, hasta ahora solo se ha extendido el plazo por dos años más para las víctimas que viven fuera del país, pues hasta hace muy poco en algunos consulados se habilitaron las herramientas para que las personas pudieran declarar.
VerdadAbierta.com habló con personeros y líderes de las mesas municipales de víctimas que algunos de los municipios más afectados por la violencia. En estos cuatro puntos se resumen los problemas que una y otra vez han denunciado a nivel nacional y que podrían dejar por fuera del registro a algunas víctimas.
Todos coinciden en que el mayor índice de sub-registro se presenta en las regiones más apartadas, allí donde los violentos se impusieron por años, pero el Estado no ha podido llegar o nunca llegó. Hace dos semanas en la inspección de Puerto Torres, municipio de Belén de los Andaquíes en Caquetá, llegó por primera vez la Unidad de Víctimas. En este caserío, que en entre el 2000 y el 2005 fue la base paramilitar del frente sur Andaquíes de las Auc, viven 25 familias que retornaron sin ayuda del Estado.
El trabajo con las uñas de las personerías
El 78% de las declaraciones se han recibido en las personerías porque es la única entidad que está presente en todos los municipios del país. Para los 988 municipios de sexta categoría, el presupuesto anual de esta entidad es de 96 millones de pesos al año, incluido el sueldo del personero, y los gastos de funcionamiento (arriendo, servicios y gastos de envío de los registros de las víctimas). Los personeros también deben convocar a las organizaciones de víctimas para formar las mesas de participación y ejercer la secretaría técnica, lo que se suma a las más de 20 funciones que ya tenían asignadas.
En los municipios más pobres los únicos funcionarios de la entidad son el personero y su secretaría, el problema es que en muchos de estos pueblos de sexta categoría se encuentran la mayoría de las víctimas. En junio de 2013, Fenalper hizo un diagnóstico con una muestra de 56 sedes en todo el país, y encontró que en la mayoría de los casos la cantidad de víctimas desbordó la capacidad institucional y en ocasiones las personerías tardaban hasta tres meses en recibir las declaraciones de las víctimas.
De acuerdo con el estudio, la mitad de las sedes no cuentan con sala de espera y los espacios son tan reducidos que las declaraciones no son entregadas en confidencialidad, como lo plantea la ley. 50 de las personerías encuestadas no contaban con un psicólogo o terapeuta que acompañe a las víctimas a prestar una declaración.
Las reparaciones colectivas
Son más de 300 las comunidades o sujetos colectivos que ya fueron reconocidos por la Unidad de Víctimas. Entre ellos organizaciones de mujeres, periodistas amenazados, integrantes de sindicatos o movimientos políticos, más de 130 comunidades campesinas y 155 más comunidades afros e indígenas.
Sin embargo, el Ministerio Público en su proyecto de ley argumenta que solo hasta 2014 la Unidad de Víctimas puso a disposición un mecanismo para que estos sujetos colectivos se pudieran registrar como víctimas. Por ello, considera que en ese caso no se cumplen los cuatro años de plazo que estipula la ley.