En Colombia tienen la varita mágica para producir a diario toda clase de eventos irregulares, dolosos y del CVY (¿Cómo voy yo ahí?), el país está sumido en la corrupción.
La trampa se pasea por las instituciones de un Estado paquidérmico, en donde unos jueces y algunos magistrados engavetan los procesos de los empleados de clase media que reclaman por la vía judicial sus derechos.
En cambio, nombran en La Guajira a una fiscal seccional sin haber cursado la carrera de Derecho, porque falsificó documentos para ocupar dicho cargo, mientras cientos de jóvenes probos egresan de las universidades y deben dedicarse a otros menesteres porque les exigen hasta la visa americana, todo es creíble en este país corrupto.
La exfuncionaria Claudia Elena Lozano Doria fue encontrada culpable de presentar diplomas y certificados académicos de Derecho, cuando nunca estuvo en una institución universitaria. Con sus documentos falsos dirigió una seccional de la Fiscalía y hasta concursó para ser juez en Valledupar, afirmó el periódico EL PILÓN. Fue condenada a 12 años y 9 meses de prisión.
“La condenada utilizó una tarjeta profesional de su examiga, María Mestre. La mujer copió gran parte de la hoja de vida de su amiga para acreditar formación profesional y un acta de grado con el fin de lograr su nombramiento”, expresó el medio de internet Infobae.
De otro lado, el Consejo de Estado definirá en pocos días la suerte de la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, por una demanda de nulidad electoral (por doble militancia) en su contra, interpuesta por Luis Fernando Padilla quien tuvo que recurrir a una tutela para recodarle a la magistrada ponente que se había vencido el término para fallar.
Dicha demanda dormía el sueño profundo en un chinchorro, pero la magistrada al verse cuestionada anunció sentencia anticipada lo que ha provocado una serie de interpretaciones que, hasta se afirma, la sentencia será en su contra. Lo cierto es que hay muchos intereses y miradas fijas sobre la gobernación que manejará un presupuesto de $3.8 billones, en el Plan Plurianual de Inversiones para el cuatrienio 2024 – 2027.
Con la sentencia en el Consejo de Estado en uno o dos meses, ya hay sobre el tapete conjeturas del accionar político por la posibilidad de nuevas elecciones para gobernación.
El panorama es sombrío para algunos, pero los congresistas Ape Cuello y Didier Lobo serían los promotores de una reventazón con la poderosa ‘Casa Cielo’ y la creación de un frente regional con candidato propio.
La rebelión de Cuello y Lobo es con otros sectores políticos a fin de fortalecer el apoyo a una candidatura a la gobernación, dicen que están cansados de tanta manipulación de la ‘Casa Cielo’.
Finalmente, le corresponde a la Fiscalía y a la Procuraduría definir y dar a conocer las medidas preventivas frente a las acusaciones recientes de la abogada Rosy Margarita Cotes Cortés en contra de Juan Nacimiento y Guillermo Echavarría, ambos miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar.
Ella denunció que el señor Juan Nacimiento está inhabilitado para ejercer como Consejero en representación de los estudiantes porque firmó un contrato con la misma universidad por $19 millones y porque no tiene matriculado los 12 créditos que exige la UPC para ejercer el cargo de Consejero.
También denunció que Guillermo Echavarría, representante de los docentes, es compadre de sacramento del rector, en un claro caso de conflictos de intereses.
Para evitar nuevos contratiempos en la UPC y líos jurídicos ambos consejeros deberían renunciar para facilitar y mantener el espíritu del alma mater, que es la libertad, la democracia y el bienestar universitario. Hasta la próxima semana.
Por Aquilino Cotes Zuleta/ tiochiro@hotmail.con @tiochiro.