El escudo nacional de Colombia nos muestra un cóndor con un letrero pisoteado por sus garras y sostenida por su pico mediante una corona que dice libertad y orden. Curiosamente, el cóndor mira hacia la derecha como si esta fuera la visión de Colombia, del lado de “libertad”, fingiendo subestimar el orden, lo que en realidad quieren. El mensaje es subliminal. El cóndor, especie en extinción, era cazado por el presidente Valencia en su juventud para probar su vanidosa puntería; hoy solo quedan halcones necrófagos y predadores.
Esta concepción heráldica de país tiene el sello del llamado “hombre de las leyes”, instituida en 1834. En la constitución de 1886, la soberanía reposaba sobre la Nación, un concepto no bien definido; en cambio en la de 1991, la soberanía recae sobre el pueblo, algo más fáctico. El concepto de Estado, según la primera, es la dominación de una clase sobre otra, muy cómoda para los gobernantes, al estilo Luis XIV, “el Estado soy yo”. Eso de identificar a los cargos con las personas es lo que ha hecho de nuestra maltrecha democracia una perversa costumbre; por eso las mociones de censura no prosperan, creen que salvar a una persona es hacerlo con las instituciones, es defender la autoridad.
Entre los conceptos libertad y orden debe existir un equilibrio dinámico como el que existe entre asimilación y desasimilación (metabolismo), la fuente de la vida. Estas dos funciones fisiológicas son excluyentes pero interdependientes, así como son las cargas positiva y negativa en la corriente eléctrica o en un imán. Esto se conoce como la ley de los contrarios. ¿Qué sacrificar? ¿El orden? ¿La libertad? Algunos creen que se debe mantener el orden, la institucionalidad, otro constructo de conveniencias para proteger una elite llamada “gente de bien” que comparte el monopolio de las armas con las instituciones del Estado, que viste de blanco y comulga todos los domingos.
Más, estos términos correlativos, son siameses, deben coexistir buscando el equilibrio democrático. En nuestra historia republicana la moda ha sido mantener el orden porque la capacidad de racionalizar los procesos y aceptar al contrario nunca existió. Con la CP de 1886 se acudía al llamado “estado de sitio” con el cual vivieron muchas generaciones. Se creía que con la nueva constitución, este engendro sería un archivo arqueológico; más, un nuevo mico surgió, “el estado de excepción”, reglamentado por la Ley 137/1994 pero estrenado en tres ocasiones durante el gobierno de Gaviria, previo a esta, declarado exequible en dos ocasiones. Pero, con él o sin él, el Capítulo I de la CP de 1991, sobre derechos fundamentales, ha sido desconocido casi en su integridad, pese a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia. Por ejemplo, el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que el derecho a la vida y a la integridad personal y la desaparición forzada, son intangibles. Eso aquí no se respeta, en un mes de protestas son centenares los desaparecidos y más de 60 muertos según algunas fuentes. ¿Es eso democracia? En esas condiciones, ¿para qué sirve el orden?