Las medidas enfocadas en la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad en las edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores urbanos, contempladas en la Ley 1796 del 2016 o de ‘Vivienda Segura’, fueron socializadas ayer por la Cámara Regional de la Construcción, Camacol Cesar.
Catalina Hernández, delegada del Ministerio de Vivienda, aseguró que la mencionada Ley se expidió para proteger tanto a los compradores como a los constructores de vivienda, fortaleciendo la cadena constructiva para las edificaciones que tengan los 2000 metros cuadrados o con posibilidad que supere esta medida.
“La Ley 1796 de 2016 nació ante las falencias que se detectaron en la estructuración de los diseños como el hecho que el curador se eximia de la revisión, y en el proceso de ejecución de la edificación no se contaba con la supervisión adecuada”, acotó.
El llamado que realiza la funcionaria a los constructores es “que no tengan prevención, que esperen que esto entre en aplicación. Que hagamos un esfuerzo conjunto para que la construcción cada vez sea una actividad industrial más eficiente, más técnica y segura, y eso sin duda va a propiciar mayor inversión en el sector”.
Por su parte, el presidente de la junta directiva de Camacol, Juan Manuel Ortiz, afirmó que están divulgando la ley de ‘Vivienda Segura’ junto con el Ministerio de Vivienda, que es aplicable para todos los constructores de la cadena. “Como es una Ley que se implementó, la estamos divulgando a través de Camacol; la idea es que todos los constructores la conozcan porque hay que incluir la nueva ley en nuestra actividad profesional”, argumentó.
Entre los aspectos destacables de la Ley está: la doble revisión de los cálculos estructurales, que exige un supervisor técnico que garantizará que el proceso constructivo cumpla con todas las normas y diseños. Existirá un certificado de ocupación, que el mismo supervisor técnico va a expedir, que será la garantía que el inmueble cumpla con las normas y procesos de construcción, documento que debe ir registrado en el folio de matrícula inmobiliaria de cada inmueble.
“La importancia de la Ley 1796 de 2016 radica en que se garantizará la regulación de la actividad constructora, que aunque antes se hacía con el caso del edificio Space de Medellín que se cayó, surgieron inquietudes de mejorar el proceso. Los constructores formales lo cumplíamos, pero no estamos exentos que pasen situaciones como esta, por lo que el gobierno quiso garantizar que el proceso de construcción se realice de manera correcta”, subrayó Ortiz.
En síntesis
-Protección a los compradores de vivienda
Es obligación de constructores y enajenadores de vivienda amparar los perjuicios patrimoniales causados a los propietarios afectados por el colapso o amenaza de ruina, como consecuencia de deficiencias en el proceso constructivo.
-Incremento de las medidas de seguridad de las edificaciones
Todas las edificaciones de vivienda con más de 2.000 metros de construcción deberán contar con revisores y supervisores independientes del constructor. Se eliminan todas las excepciones que autorizaban a los constructores a realizar la supervisión de sus propias obras.
-Mayor vigilancia para los curadores urbanos
Se creará la Superintendencia Delegada para el Control de Curadores Urbanos, adscrita a la Superintendencia de Notariado y Registro, para efectos de la inspección, vigilancia y control del proceso de selección de los curadores urbanos.
Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN