Por: Gonzalo Quiroz Martínez
Las estadísticas reales son aquellas que acumulan los hechos ocurridos, no son inventadas, porque los delitos o infracciones existen; es más, los registros se quedan por debajo de los hechos ocurridos, porque mucho de ellos no son denunciados.
Para nadie es un secreto la creciente violencia escolar que tienen todos los países, e inclusive ya esta violencia no es exclusiva de las escuelas públicas y ni de los países pobres. Muchos países han endurecido las sanciones, porque muchos de los delitos que están ocurriendo entre los escolares pertenecen a la esfera de los grandes delincuentes como son el tráfico de drogas, extorsión y atraco a mano armada y violencia escolar cibernética hoy llamada ciberbullyng.
Las conductas antisociales de los adolescentes, se aprenden desde temprana edad, teniendo como referentes las condiciones psicológicas y sociales de esa población, y en la mayoría de los casos los infractores adolescentes provienen de familias disfuncionales completamente.
Le ley 1620 del 15 de marzo del presente año, al cual el gobierno nacional le ha dado muchos bombos, no tiene de fondo que deben hacer las instituciones educativa de manera efectiva para “evitar disminuir” el matoneo escolar, cuando lo que está sucediendo hoy proviene más de afuera que de la misma institución. En dicha Ley hay más comités que en los reinados carnavaleros, pero hay que esperar seis meses mínimos para que medio comiencen a operar. Para el caso de las instituciones educativa el Ministerio de Educación Nacional tiene también seis meses para reglamentar lo relacionado con los manuales de convivencia escolares.
En una entrevista la ministra de Educación, María Fernanda Campo, dijo “que con la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, los colegios tendrán, un Comité de Convivencia para que cuando se dé una agresión, se pueda evaluar la problemática, identificar los agresores y así tomar las decisiones pertinentes, a lo que la ministra denominó ‘Ruta Integral de Atención’, y no están previstas sanciones económicas ni penales para los padres de los menores, que ejercen violencia escolar, serán las instituciones educativas quienes decidan interponer sanciones a los que vulneren los derechos de los demás”.