Al llegar al punto indicado en la vereda Los Ceibotes, ubicada en el asentamiento de La Mesa, zona rural de Valledupar, los soldados del pelotón Zarpazo escucharon unos disparos que ponían en alerta el inició de un combate, pero aparentemente no notaron en realidad de dónde provenía el ataque.
Y era de esperarse. Los disparos los hicieron al aire sin que ellos se dieran cuenta, el entonces oficial de operaciones, el mayor Heber Hernán Gómez Naranjo, el suboficial de inteligencia Efraín Andrade Perea y el sargento de inteligencia, Manuel Valentín Padilla Espitia, quienes solo llegaron al lugar a buscar cuatro cadáveres.
Desde un día antes el mayor Gómez Naranjo estaba enterado de los planes pues su superior, el excomandante del Batallón La Popa, Publio Hernán Mejía, le habría indicado: “Gómez, mañana temprano salimos (…), ahí en el sitio donde se presentó el robo de los camiones con la mercancía por miembros de las Autodefensas, salimos de la vía, unos metros más adelante cien, doscientos metros hay un campamento de las Autodefensas, y ya hay o van a haber cuatro muertos”, recordó el oficial en una versión voluntaria entregada a la JEP el 30 de noviembre de 2018.
En efecto, así pasó. En el sitio hallaron cuatro hombres sin vida que los soldados subieron a un camión de estaca y los trasladaron hasta la sede de Medicina Legal en Valledupar.
LA NOTICIA
El 11 de agosto del año 2002 la noticia salió publicada en el diario EL PILÓN y precisó que los cuatro cadáveres obedecieron a los enfrentamientos armados que el Ejército tenía con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
Aunque en el artículo periodístico afirmaron que para la época el Ejército no había emitido un pronunciamiento oficial, el medio conoció que solamente identificaron dos de los cuatro hombres ‘dados de baja’. Además, habían incautado un fusil M16, tres changones, un lanzagranadas y dos granadas de mano.
LAS VÍCTIMAS
Las identidades de las dos víctimas reconocidas correspondían a José Pacheco Suárez y Edwin Chadid Ardila Jiménez, mientras que los otros ingresaron a la morgue como hombres no identificados.
No obstante, a la morgue enseguida se acercó la compañera sentimental de José Pacheco Suárez quien aseguró que desconocía que este hiciera parte de un grupo armado, según registró EL PILÓN.
LA FAMILIA
A otra víctima la identificaron días después como Leonardo Enrique Porto Egea, de 21 años de edad. Su madre Ana Porto Egea desde días antes estaba buscándolo luego de darlo por desaparecido el 7 de agosto del año 2002.
“Salió a desvarar un carro en La Guajira, pero no volví a saber de él hasta 17 días después, cuando me enteré de que estaba enterrado en el Cementerio Nuevo de acá de Valledupar”, contó la mujer en una entrevista concedida a este medio en el año 2013.
A Leonardo Enrique Porto Egea lo habían enterrado en una fosa común, al parecer, con la cuarta víctima reconocida como Mario Alejandro Lozano Villada. La adulta mayor y vendedora ambulante se registró como víctima ante el Tribunal de Justicia y Paz ante la posibilidad de que su hijo haya sido asesinado por los paramilitares.
LOS INVOLUCRADOS
Los cuatro crímenes los reconoció el exoficial de operaciones del Batallón La Popa, Heber Hernán Gómez Naranjo al someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Señaló que las víctimas serían el resultado de la complicidad que había entre los paramilitares y el Ejército.
“El comandante del Batallón La Popa, el señor teniente coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, al interior del Batallón, era la figura determinante de estos resultados operacionales. Él en coordinación con miembros de las Autodefensas (…) coordinaban estas situaciones. Fruto de esas coordinaciones se desprendían una serie de órdenes, como, por ejemplo, el aspecto de la orden de operaciones, el aspecto de inteligencia, que lógicamente, al ser un hecho de esta índole, se generaba posterior al hecho sucedido”, explicó Gómez Naranjo en la versión voluntaria del 30 de noviembre de 2018.
Sin embargo, el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez se declaró inocente de las ejecuciones extrajudiciales ante la JEP, pese a que en la justicia ordinaria recibió condena por los falsos positivos. Ahora está dispuesto a afrontar un juicio por los hechos atribuidos y de llegar a perderlo se expondrá a una pena de hasta 20 años de cárcel.
Por Marllelys Salinas / EL PILÓN