El proceso de reasentamiento que se lleva a cabo en los corregimientos cercanos al corazón de la explotación minera en el Cesar ha enfrentado altibajos, que ya deben resolverse para que la comunidad finalmente pueda recobrar su identidad social. Se trata de Boquerón, El Hatillo y Plan Bonito en los municipios de La Jagua de Ibirico y El Paso, que llevan años esperando que su reubicación sea una realidad.
Aunque los procesos de trasladar pueblos de un lugar a otro no son fáciles, los del Cesar, así como otros en La Guajira, han sido de largo plazo, quedando en el aire cientos de familias que esperan solución. Ayer en la Asamblea del Cesar se realizó una reunión con familias de estas poblaciones, así como con representantes de otros departamentos colombianos, incluso de otros países, que también pasan por la misma situación de los cesarenses.
Lo bueno de este encuentro es que las autoridades invitadas asistieron, menos la Procuraduría General, para escuchar la realidad que viven en las zonas que desde hace dos años esperan se cristalice la orden del Ministerio de Ambiente.
De alguna manera, el hecho de haber visibilizado su situación, hizo que los representantes de las familias sintieran un respaldo de parte de las instituciones, especialmente porque han visto que las empresas mineras responsables del reasentamiento han incumplido las obligaciones que tienen con las comunidades afectadas por la explotación minera. En este encuentro quedó claro que en Colombia no existen normas que regulen los procesos de reasentamiento, por lo que las organizaciones de la sociedad civil pidieron se garantice la vida digna de las poblaciones afectadas por la actividad minera, que enfrentan problemas de salud pública.
Los pobladores de estos tres corregimientos han sufrido enfermedades crónicas, por lo que una de las conclusiones de la reunión de ayer en la Asamblea es que Colombia no está cumpliendo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, referente a los límites de las partículas de contaminación en el aire, que en este caso ha superado los límites permitidos por la OMS y las normas internas. Los tres pueblos deberían estar ubicados en otra parte hace dos años. Las empresas Drummond y Prodeco, responsables de tal reubicación, tienen sus motivos y han explicado ampliamente los retrasos, por lo que se espera que no haya más dilaciones y los niveles de relacionamiento empresa-comunidad sean en los mejores términos, sin que entre a mediar intereses enmarcados en la violencia o la división social.
En este momento el proceso de concertación entre las dos multinacionales y los pobladores está paralizado, y aunque cada una de las partes tiene su versión, es oportuno que luego de esta reunión se avance sustancialmente.