Ante el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar se realizaron las audiencias preliminares a César Augusto Molina Palomino, de 33 años, natural de Chimichagua, quien se desempeña como patrullero de la Policía Nacional en la estación del municipio de Morales, Bolívar, el cual es señalado del delito de homicidio agravado por hechos registrados el 19 de junio del 2021 en el municipio de Manaure, Cesar, donde perdió la vida un joven de 19 años identificado como Abilio José Soto Guevara, en medio de un procedimiento policial.
Este hombre fue capturado mediante una orden judicial emanada por el Juzgado 12 Penal con funciones de control de garantías la tarde del lunes 22 de julio por el Cuerpo Técnico de Investigación del CTI de la Fiscalía General de la Nación de la mano con el Gaula Militar en Barrancabermeja, Santander, de donde fue trasladado hasta Valledupar y permanece privado de la libertad en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía del municipio.
En medio de la audiencia el Fiscal 13 Especializado, Ronald Calderón, expuso que se respetaron los derechos del ciudadano en calidad de indiciado al presentarle sus derechos, donde el mismo Molina Palomino firmó al momento de su aprehensión un acta de buen trato.
No obstante, la defensa del indiciado expuso que no existen motivos fundados para ejecutar orden de captura en contra de su defendido, ni vio la necesidad de trasladar al indiciado a Valledupar porque él mismo en 3 ocasiones se presentó de manera voluntaria a las autoridades, exigiendo su liberación inmediata. Sin embargo, la jueza consideró que la Fiscalía había cumplido con los derechos del capturado siendo registrada legal su captura.
Según el avance de la investigación, Soto Guevara en el momento de los hechos eludió un puesto de control de la Policía Nacional, ubicado sobre la vía que conduce al corregimiento de Sábanas de León. Se transportaba como como parrillero en una motocicleta y al huir de las autoridades para que no le quitaran el vehículo en el que iba en compañía de otro joven llamado Yerson Felizola, recibió un disparo en la espalda que le causó la muerte, presuntamente por sacar un arma para dispararle al uniformado. Cabe anotar que por estos mismos hechos existe una investigación disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación en Valledupar.
A la hora de realizar la formulación e imputación la Fiscalía le impuso al sentenciado el delito de homicidio agravado con dolo directo, ya que su función como autoridad es proteger a la comunidad, mas no atacarla, cargos que no fueron aceptados por el uniformado de la policía.
A la hora de decretar la medida de aseguramiento la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento domiciliaria para evitar obstrucción a la justicia, ya que, además, antes de lo sucedido con los jóvenes implicados en los hechos, ya el oficial había tenido problemas con los mismos y se comprobaron irregularidades en su testimonio. No obstante, el patrullero también había sido suspendido en una oportunidad por inconvenientes con la comunidad.
Al presentar testimonios, imágenes de los hechos, videos previos a la muerte de discusiones pasadas, reportes de medicina legal y demás materiales probatorios, el fiscal ratificó que existen suficientes hechos que demuestran que el patrullero no viene actuando conforme lo establecido por la ley.
La medida de casa por cárcel fue rechazada por el abogado de César Molina, quien afirmó que es contradictoria la postura que asumió la Fiscalía. Además, señaló que Molina disparó su arma de dotación en defensa propia mediante acciones del cumplimiento de su deber y desmintió problemas previos con las víctimas.
A la hora de la jueza Verónica Velandia tomar una decisión consideró que los hechos anteriores no debían tenerse en cuenta para el caso que está siendo juzgado. Consideró que no existe fin para otorgar la medida de aseguramiento, por lo cual negó la petición de la Fiscalía y otorgó la libertad de carácter inmediato del patrullero.