Cuando en Bogotá escuchan las cifras que ha dejado la violencia de los grupos armados en el departamento del Cesar, se escandalizan por el alto número de víctimas. El Registro Único de Víctimas en esta región hace rato pasó de las 340 mil personas que han ingresado como tal, que han demostrado que sí sufrieron por culpa de la violencia.
Cuando ya han pasado cinco años desde que se implementó la Ley de Víctimas, es fácil hoy decir que el proceso no ha sido fácil, pero ha podido ser mejor. Aún existen falencias de algunas instituciones que no han entendido que es una obligación trabajar por las víctimas.
En el departamento del Cesar existen municipios como Codazzi, que tiene un alto número de asesinatos, desaparecidos y desplazados, donde todavía hay personas que no han podido declararse como víctimas. El Copey es otra población donde no todo está escrito.
En el tema de la reparación colectiva que adelanta la Unidad de Víctimas en el Cesar, se puede decir que ha avanzado en temas como reparación colectiva y que tienen hoy a Guacoche como modelo a nivel nacional e internacional. Sin embargo, existen otras comunidades que aun trabajan para llegar a ese punto.
Por el lado de la restitución de tierras si estamos mal, una dificultad que incluso es nacional, porque los procesos de restitución no han sido fáciles. El Cesar tiene más de tres mil reclamaciones y pocos fallos que devuelven la tierra, hay muchas familias esperando una decisión para regresar a lo que un día fue su proyecto de vida. Los campesinos de El Toco en el municipio de San Diego, o de Santafé en Becerril, ni qué decir de los campesinos que llevan más de dos décadas peleando por los predios de la hacienda Bella Cruz.
Sin duda, las víctimas necesitan más atención, más dedicación de parte de las instituciones que tienen en sus manos que los procesos de reparación y restitución de tierras se den en el marco de la legalidad. Los alcaldes de cada municipio y el gobernador del departamento también tienen una gran responsabilidad y no se puede repetir lo que pasó en el cuatrienio pasado, que muchos le hicieron el quite a la Ley de Víctimas, no es un favor, es una obligación.
Hoy cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad por las Víctimas, justo un nueve de abril cuando fue asesinado hace 68 años el líder político Jorge Eliécer Gaitán, es necesario llamar la atención, primero de las víctimas para que eleven su voz, para que pidan justicia, verdad y reparación, y segundo de las autoridades que deben cumplir el mandato sagrado que establece la ley. La paz es eso, que las víctimas puedan sentirse atendidas, sin olvido ni recriminaciones.