Cada 9 de abril, en Colombia se conmemora el día de las víctimas, una jornada para recordar, reflexionar y mostrar solidaridad hacia aquellos que han sido afectados por las consecuencias devastadoras de la violencia en el país.
Estas décadas de conflicto dejaron 9.6 millones de víctimas registradas históricamente, de las cuales más de 460 mil pertenecen al departamento del Cesar.
Desde desplazamientos forzados, secuestros, desapariciones, asesinatos selectivos, violencia sexual y reclutamiento de menores, el conflicto armado dejó cicatrices imborrables en el tejido social colombiano.
Cada año, diferentes sectores alzan la voz para pedir que se reforme la Ley 1148 del 2011, o la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras , que salió adelante gracias al empeño del Gobierno Santos y de quien terminó siendo su ministro del Interior Juan Fernando Cristo. Desde su aprobación, hace más de 13 años, que despertó la ilusión de muchos sectores, la ejecución ha sido lenta.
En el pago de indemnizaciones, en toda la implementación de la Ley 1448 se han pagado 1,2 millones de indemnizaciones; pero la cifra no es significativa porque solo representa el 13 % de víctimas que deben ser reparadas, según información de la Unidad de Víctimas.
Y el panorama a futuro es desafiante. Las cifras señalan que, para los próximos 7 años, el Gobierno nacional necesitaría 252,4 billones, recursos que representan una cuarta parte del Presupuesto General de la Nación.
Esas cifras son las que llevan a insistir en reformar la ley. Esta vez se sumó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien pidió al Congreso realizar una transición histórica en materia de “reconocimiento y materialización de los derechos humanos de las víctimas de la violencia en el territorio colombiano”.
“Durante la vigencia de la Ley 1448 evidenciamos que las víctimas no pueden ser vistas como meras receptoras de medidas de asistencia y atención; el enfoque, por lo tanto, debe ser de reparación real del daño causado por la guerra y garantía de sus derechos económicos, sociales y culturales (Desc)”, señaló el defensor del Pueblo en su columna publicada en medios nacionales.
Ese testimonio de las víctimas no deja de ser conmovedor ydesafiante.
LAS VÍAS CAMPESINAS
En estos días se han expuesto las preocupaciones de zonas campesinas en nuestra región. Tal es la preocupación de la vía a Villa Germania, un punto muy importante para el abastecimiento de alimentos de Valledupar; la vía Río Seco- La Mina- Atánquez, que abriría una atractiva ruta turística o la continuación de la que conduce desde la cabecera municipal de Valledupar – Planta de Emduparhasta Sabana Crespo, de la cual la administración Mello Castro contrató algunos kilómetros. Esta última de gran interés para la comunidad arhuaca.
El municipio requiere hacer un esfuerzo en sus carreteras veredales que son fuente de progreso y de barata alimentación. Buscar alternativas de financiación departamentales y nacionales con ese propósito es una tarea que debe contemplarse en el plan de desarrollo.
También estamos atentos, fuera de la circunscripción del Valle, a la pavimentación de los 17 kilómetros que conducen de La Paz a Manaure, proyecto incluido en el Plan Vial Departamental, con una inversión de $43.000 millones, del que en esta edición registramos el insuficiente avance de la obra.