Ramón Alberto Rodríguez Andrade, nuevo director nacional de la Unidad para las Víctimas, estuvo ayer en los municipios de Barrancas y Distracción, La Guajira, donde se cerró convenios para beneficiar a 300 familias víctimas del conflicto con unidades productivas representadas en animales de corral y alimento para los mismos.
Y en su paso por Valledupar recordó que tiene menos de un mes de haber sido designado por el presidente Iván Duque. Es un funcionario nuevo en el cargo, pero viejo conocido de la Unidad, es más, estuvo en el proceso de estructuración de la misma y venía desempeñándose en la entidad como director de Gestión Social y Humanitaria.
Así las cosas, se podemos decir que se trata un funcionario técnico, que conoce en detalle las ventajas y fallas que ha tenido la aplicación de la Ley 1448 de 2011. Tiene claro que los principales retos en los tres años de vigencia que le restan a dicha norma son la prórroga de la misma y su financiación, para al final de cuentas poder cumplirles a las víctimas.
Recordemos que al año y medio después del nacimiento de la Ley, la Corte Suprema de Justicia dio la orden al Gobierno de incluirle el desplazamiento forzado, aportando con ese ajuste la atención de aproximadamente seis millones de víctimas más, que no estaban en la cuentas y generando así un desajuste en el presupuesto inicial.
En cuanto a esa financiación requerida se calculan 40 billones de pesos, para atender a las víctimas actuales, más de 8 millones, y los recursos son más porque hay que tener en cuenta que la lista seguirá creciendo por lo menos hasta 2021.
Entre tanto, conminamos al doctor Ramón Alberto Rodríguez Andrade a seguir velando por la implementación del acuerdo de paz en el tema de víctimas, para que estas tengan mayor representación y sea más eficientes las gestiones que se adelanten a favor de estas ante las diferentes entidades del Estado.
También traemos a colación que hay proyectos de ley que generan incertidumbre, como el que plantea aclarar algunos vacíos que tiene la Ley 1448 al momento de aplicarla, pues en su interpretación se han generado conflictos y confrontaciones entre campesinos en los territorios donde se está aplicando.
El senador Antonio Guerra de La Espriella en la presentación de su proyecto ante la Comisión Primera del Senado, aseguró que el Gobierno ha tratado de enmendar las falencias a través del ministerio de Agricultura y la Unidad de Restitución de Tierras, pero, advirtió, se notan incoherencias y debilidades, y observó que solo el Congreso de la República podrá hacer las reformas a la Ley 1448 del 2011.
Ante ese panorama el horizonte no se puede perder y esperamos que los ajustes que se plantean puedan fortalecer a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas.