Con justa razón se han manifestado algunos lectores sobre que debe hacerse cabal reconocimiento de las víctimas de las guerrillas. Hemos recordado recientemente situaciones en las que se ejerció una acción punitiva, criminal, sobre personas inocentes por parte de la fuerza pública, los denominados falsos positivos, y a raíz de los 15 años de los acuerdos y la desmovilización de las autodefensas se expuso el gran orden de magnitud numérica de los hechos en los cuales se vieron involucrados sus militantes y el correspondiente grado de afectación de miles de víctimas.
No es para balancear las cosas sino para ser justos y dar a entender a las próximas generaciones lo que sucedió en nuestro territorio en desarrollo de una guerra de baja intensidad, como se denominó el conflicto armado en Colombia, por su caracterización de persistencia por décadas, preponderancia de acciones de violencia en el campo, una ruralidad dispersa, distante y selvática, e involucramiento en el combate de solo una parte de la población.
Conflicto de alta intensidad fue el que se conoció en países como El Salvador, en centroamérica, que, en pocos años, metido del campo a la ciudad, involucró a la mayor parte de la población en el combate directo.
Si bien en el país se desarrolló ese ‘conflicto de baja intensidad’ , en que muchos jefes guerrilleros murieron de viejos, como Jacobo Arenas y Manuel Marulanda, Tirofijo, viejos lideres de la Farc, al igual que otros como el sacerdote Manuel Pérez del ELN, si se suman las víctimas de la guerrilla estas se han distribuido por años, lo que puede conducir a que aparezcan como “graneados”, no son pocos; frente al caso de las autodefensas que en cortos años, a partir del cambio de siglo, adquirieron un crecimiento numérico exponencial y de acciones, que dejaron una profusión de víctimas y de hechos mediáticos de fuerte impacto.
Pero aquellas víctimas no eran pocas. Fueron miles también, y aunque el Centro de Memoria Histórica haya dicho que fueron menos que las ocasionadas por las autodefensas y las fuerzas oficiales, son elocuente evidencia de la degradación de nuestra violencia.
Cómo no recordar a esos ciudadanos trabajadores, productores del campo y de la ciudad, que la violencia guerrillera le segó su existencia; le destruyó su familia, su unidad y sosiego, que también fueron desplazados internos o que tuvieron que salir del país.
Esas familias indefensas, convertidas en objetivo militar en su persona y bienes, asesinadas solo por tener una mejor condición económica, extorsionadas o secuestradas, han insistido en su legítima aspiración a que se les escuche, se les diga la verdad, el por qué, y a obtener una adecuada reparación. Siempre hemos entendido su dolor, en muchos casos su resignación, y su renuncia a toda sed de venganza.
En esas familias no fue su drama de ‘baja intensidad’.
Para terminar: el balance de los 15 años de los acuerdos con las AUC fue positivo, a pesar de los grandes lunares; mas de 30 mil hombres dejaron de echar balas, hubo una jurisdicción especial, la de Justicia y Paz; se conocieron verdades y jefes y tropa. A pesar de las disidencias, en general, cumplieron.