Hoy domingo Colombia elegirá en las urnas a los alcaldes y gobernadores que deberán implementar la Ley de Víctimas por cuatro de los seis años que le restan de vigencia a la norma.
Ellos van a tener un peso definitivo en el balance final de la Ley, donde la voz de las víctimas ha alcanzado un protagonismo indiscutible.
En estos días, la prensa nacional publicó varios artículos sobre el medio centenar de víctimas que han pasado de ejercer su liderazgo en las mesas departamentales de participación o llevar su voz a la Mesa de Conversaciones a lanzarse al ruedo político como candidatos en los comicios locales.
Sin duda, esto muestra la resistencia de las propias víctimas, pero también el impacto de la Ley de Víctimas, que las puso en el centro de la política pública y les dio una nueva visibilidad, alejada de imágenes estereotipadas. Las víctimas son agentes activos de la sociedad y lo están demostrando de nuevo.
Las mesas de participación de nivel municipal, departamental y nacional han trabajado con empeño en las últimas semanas no solo para conocer los programas diseñados por los candidatos, sino también para hacerles llegar las propuestas y exigencias que han venido construyendo con ahínco.
En el Quindío, expusieron un documento con puntos clave para la gestión de los futuros mandatarios; los representantes de víctimas afectadas por minas antipersona y tortura construyeron su plan de trabajo durante un encuentro en Medellín, por poner algunos ejemplos.
¿Cómo va a favorecer la inclusión laboral de las víctimas en su municipio? ¿Cuáles son las medidas que destinará a la población desplazada? ¿Qué iniciativas plantea para fomentar el bienestar social de las víctimas? Son apenas tres preguntas de las miles que podemos plantear a los aspirantes.
El empoderamiento de muchas de las víctimas deriva del trabajo pedagógico que se inició con la Ley de Víctimas y las mesas de participación. Estas trajeron ejercicios democráticos prácticos en el ámbito local. “Muchos de nosotros nos hemos empoderado y hemos llegado a escenarios con un discurso político que siempre va en camino de la defensa de nuestros derechos”, nos contaba Alejandra Mahecha, la representante de víctimas jóvenes en la Mesa Nacional.
Como decía Joel Rojas, un líder de Putumayo, “la atención a las víctimas ha mejorado, pero también sabemos que tenemos que participar mejor en las decisiones que nos afectan para agilizar la reparación integral”. Esto especialmente “ahora que el proceso de paz está en definiciones y debemos defender nuestros derechos y aportar nuestro granito de arena en esta búsqueda de la paz”.
Estoy convencida de que, después del 25 de octubre, persistirán en su vigilancia a la elaboración de los programas y planes definitivos que establezcan los futuros alcaldes y gobernadores. Las víctimas han adquirido una voz y legitimidad muy valiosa en las regiones: son fundamentales para contribuir a que no retrocedamos en lo logrado y a seguir avanzando de manera constante.
Compartir lecciones aprendidas y advertir sobre los aspectos por mejorar son un aporte muy valioso que ellas nos pueden ofrecer. La elaboración de los próximos planes de desarrollo supone un desafío en cuanto al nivel de incidencia de las mesas, pero también una oportunidad para hacer notar de manera contundente la voz de las víctimas en el proceso de reparación integral.
Por ahora, valoremos con justicia el hecho de que hoy, en Colombia, decenas de personas a las que un día el conflicto armado les arrebató la ciudadanía ejercerán su derecho a elegir y ser elegidas. Ese es un gran logro para nuestra democracia.
Por Paula Gaviria Betancur