Por: Luis Napoleón de Armas P.
La pelea por las regalías entre las regiones explotadoras de minerales y el gobierno central tiene tanto de largo como de ancho;
a cada lado del cuadrilátero hay razones de peso, pero también existen intereses no declarados. Las regalías no son un impuesto sino una indemnización a los municipios y departamentos dueños del recurso por los inmensos daños ambientales, sanitarios y sociales causados a los habitantes de la zona sujeta de explotación, que jamás tendrían la justa compensación. La minería es sinónimo de pobreza, es un espejismo transitorio; por eso podría afirmarse que, más que suerte, es una desgracia ser zona minera. Tras ese raudo flujo de dinero suelen apostarse los designios más ruines de una sociedad. A los alcaldes y gobernadores pareciera que la virgen, con todos sus arcángeles, les llegara súbitamente. Según la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, las zonas mineras recibieron, entre 2002 y 2008, 17,218 billones de pesos a precios constantes de 2008, distribuidos entre 10 departamentos; es una cifra que no cabe en cualquier calculadora y equivale al 11.7% del presupuesto general de la Nación para 2010. De ese total, El Cesar recibió un billón ciento cincuenta y cuatro mil millones de pesos, esto es, 1.29 veces el presupuesto de este año. Viene la pregunta, ¿dónde está representado tanto dinero?. La evolución social de esas poblaciones no se percibe y creo que nadie la ha medido; hoy por hoy esos opulentos municipios carecen de los más elementales servicios. Uno observa más procesos penales y/o administrativos, para alcaldes y gobernadores indelicados, que obras realizadas. Aquí se escenifica el suplicio de Tántalo. No se sabe, entonces, si lo que se va discutir con el gobierno central es solo una chequera abultada o el derecho de la región por compensar la degradación de su naturaleza. Y en esa pelea ojalá no terminemos en una especie de Indiana Jhon. Pero el gobierno central tampoco tiene a su haber los argumentos creíbles para darle a las zonas mineras, la estocada que le quiere dar. No está comprobado que la ética de los funcionarios del orden nacional sea más prístina que la de nuestros mandatarios regionales. Los contratos multimillonarios que concede la Nación no son testimonios para enseñarle moralidad pública a los entes territoriales; si aquí llueve, allá no escampa. Fresco tenemos los sucesos de: A.I.S., el Inco, la Comisión Nacional de Televisión, la zona franca de Mosquera, etc.
Por supuesto, la ley será aprobada porque el gobierno cuenta con las mayorías, pero se pondrá a prueba el carácter de los costeños que están en la Comisión Quinta del Senado donde se estudiará la ponencia. Después vendrán los alegatos en la Constitucional.
Un argumento del gobierno es que la CPC no establece criterios para el reparto de las regalías y que por lo tanto, las normas sobre esa materia son flexibles, pero esa misma CPC reconoce, a la vez, la autonomía regional. Son dos principios enfrentados y toca determinar quien mata a quien. También argumenta el gobierno que, con la nueva distribución, se busca una canasta social plena para toda la población, crear un fondo para financiar infraestructura regional y acelerar el crecimiento no minero; igualmente, anuncia destinar el 10% de las regalías para ciencia y tecnología, belleza argumentativa; si esto llegare a ser cierto, valdría la pena darse la pela porque lo único que podría compensar el desastre minero, es la formación en capital social y físico. Creo que ni aquí ni allá lo harán. Detrás de estos propósitos podría estar el enorme hueco fiscal que dejó la era Uribe. Que Dios cuide las regalías.
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