El Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Bogotá mandó a prisión al fiscal 6 seccional, Yesith Pallares Aguilar; al juez promiscuo municipal, Roberto Carlos Orozco Argote, y al abogado de la Defensoría Pública, Carlos Luis Ropero Galván, por presuntamente fraguar actos de corrupción durante el desarrollo de sus funciones en el municipio de Bosconia, Cesar.
La decisión se produjo en la madrugada del domingo tras un arduo debate en la continuación de las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento.
La juez consideró que los elementos probatorios presentados por la Fiscalía Dos Delegada ante el CTI, mostraron considerablemente la complicidad de los funcionarios para manipular los procesos a cambio de beneficios económicos.
LAS PRUEBAS
De igual forma, el ente acusador solicitó la medida carcelaria en contra de los servidores públicos porque consideró que representarían una obstrucción a la justicia, riesgo de reiteración y peligro para la comunidad.
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Para demostrarlo en una ponencia de más de cinco horas mostró interceptaciones de llamadas, conversaciones de WhatsApp y videos en los que se apreció la manera en que el fiscal, juez y abogado amañaron procesos judiciales.
Como por ejemplo una conversación realizada entre el fiscal Yesith Pallares y el abogado Carlos Ropero, donde hablan de la captura de un joven señalado de daño en bien ajeno y tráfico de estupefaciente:
Pallares: ¿Qué tienes?
Ropero: Casito del pelado que destruyó elementos.
Pallares: ¿Qué quieres hacer? De acuerdo te quito el estupefaciente.
Ropero: Tú sabes que hay poquito que el pela’o estaba vendiendo, pero me da pena preacuerdo el otro delito. Ese delito es cagá. Pero déjame si voy al ‘valle’ entonces, pero voy con la gente en lo económico, sin plata no voy a hacer nada.
Pallares: Ah entonces me tocaría archivarle al pela’o.
CASO EL PRECIO DEL ARCHIVO
En otras conversaciones habría quedado al descubierto la manera en que un pleito penal por contrabando de hidrocarburos en contra de José Fernando Correa fue precluido por dinero.
“Se fraguó un acuerdo económico tendiente a que el fiscal solicitara la preclusión o la archivara a favor de los indiciados y la suma que se acordó era de $10 millones para el fiscal, tres millones de pesos para Ropero y $500 mil para asegurar el reparto de la solicitud de preclusión en el centro de servicios judiciales”, manifestó el fiscal Daniel Eduardo Cardona Soto.
CASO MUDANZA PROCESAL
Asimismo mediante interceptaciones y documentos habrían notado la manera en que el juez promiscuo Roberto Carlos Orozco, habría manipulado un pleito ejecutivo promovido por Fredy Alberto Ramírez Rodríguez en contra de la empresa Comportex S.A.S. en factor de territorialidad y competencia para fallar a su favor por dinero.
“El 5 de abril del 2019 a las 4:45 horas, el abogado Carlos Ropero le informó al interesado de ese proceso que acudiría donde el juez para coordinar la manera de mantener la competencia territorial. Ese mismo día después de acudir al juzgado a las 5:14 horas y que a pesar de haberse hecho la transferencia o entrega del cheque en Valledupar y que el domicilio de la entidad demandada era Valledupar, aprovecharían que ahí no había cámaras y sostendrán la tesis que todo fue en Bosconia como en efecto se sustentó”, acotó Cardona Soto.
Pero existieron más procesos en entredicho como el caso denominado por la Fiscalía ‘La tierra de ponchito’ en donde el juez falló a favor del ciudadano Alfonso Maestre sobre el dominio de un predio en Bosconia por aparentemente recibir unos dos millones de pesos que fueron distribuidos con el abogado Carlos Ropero; además del proceso llamado ‘Matrimonio’, el cual fue fundamental para el inicio de la investigación que duró más de dos años.
EL INICIO: CASO MATRIMONIO
Este último involucra a Orlando Ortega Palomino, denunciante del entramado judicial que se vendría generando en Bosconia. Según la investigación, Ortega Palomino tuvo que pagar en septiembre de 2017 unos $15 millones entre dinero en efectivo y una camioneta a los tres funcionarios para que dejaran en libertad a su hermano Wilmer Ortega, quien había sido detenido por porte de armas.
Pero no conforme con eso en abril de 2018, según indicó el ente acusador, el fiscal Yesith Pallares Aguilar le solicitó a Orlando Ortega $3 millones para mostrarle una indagación que tenía en su contra y así prepararan un interrogatorio que permitiera solicitar la preclusión de la investigación.
Uno de los encuentros entre Ortega y Pallares quedó registrado en un video donde el fiscal llegó a exponer: “El día que uno recibe plata, uno se casa con esa persona enseguida”, frase que dio nombre al proceso investigado.
UNA VISITA
Días antes de ser detenidos, los ahora procesados tenían conocimiento de que estaban siendo investigados, por eso aparentemente el jurista adscrito a la Defensoría Pública, Carlos Luis Ropero, llamó el 1 de julio de 2020 a un funcionario manifestándole que servidores judiciales venían de Bogotá a buscar más procesos, por lo que quería conocer el número de visitantes.
Además en una llamada el abogado aduce que la visita se la dieron a conocer mediante una llamada al fiscal Pallares y al juez Roberto Carlos Orozco, pero que este último no iba a permitir el acceso a los procesos.
Por estos hechos, la Fiscalía Dos Delegada tiene en la ‘mira’ a más personas de la Rama Judicial que estarían involucrados en el señalado entramado de corrupción que ahora lesiona la justicia en el municipio de Bosconia.
LA DEFENSA
La defensa había solicitado la medida de aseguramiento domiciliaria bajo el sustento de que era suficiente para que sus prohijados no interrumpirían la justicia porque estarían alejados de sus cargos.
Además el abogado José Luis Castro Machuca, apoderado del fiscal, argumentó que el representante del ente investigador le imputó a Pallares el delito de concierto para delinquir careciendo de hechos fácticos que lo sustentaran y nada más con el interés de presentar a los tres como una estructura criminal.
“Dice el señor fiscal que son un peligro para las víctimas y ¿quiénes son las víctimas? El representante de este es de la Dirección Ejecutiva de la administración judicial, es una entidad no una persona, por eso la medida debe ser idónea, para conseguir la finalidad constitucional debe ser necesaria pero bajo los parámetros de esa adecuación típica a los delitos que se están investigando no aumentarlos para mostrar una gravedad de las conductas para reflejar la necesidad de imponerlas”, manifestó Castro Machuca.
Juan Gabriel Arévalo Torres, defensor del juez y abogado, por su parte, consideró que se cumplían los presupuestos jurídicos para que ellos estuvieran privados de la libertad en sus casas porque se les podía imponer restricciones mientras avanzaba el proceso en las posteriores audiencias de acusaciones, preparatoria y juicio, entre otras.
Agregó que el juez promiscuo había pedido ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar una licencia no remunerada mientras afrontaba el pleito y que necesitaba estar en su casa para cuidar a su hijo enfermo dado que a su esposa le tocaría asumir las riendas del hogar.
Al respecto, la juez manifestó que no se demostró que el niño no tuviera más familiares que le garantizaran sus derechos fundamentales.
APELARON
El abogado Juan Gabriel Arévalo apeló la imposición de medida carcelaria argumentando que el despacho judicial se basó en una valoración de juicio sobre dicho por la Fiscalía y que no le dieron la oportunidad de tener igualdad de armas.
Ahora la determinación deberá ser valorada por otro juez en segunda instancia para reafirmarla o revocarla.