La parte dogmática de la Constitución Política de 1991 es tan bella como un poema de Pablo Neruda: “Para mi corazón basta tu pecho / para tu libertad bastan mis alas”. Allí se consagran los deberes ciudadanos, las garantías fundamentales, los derechos colectivos, las acciones constitucionales… Y todo va relacionado con la postulación de Colombia como un Estado Social y Democrático de Derecho.
25 años después del nacimiento de la Carta Magna, ese poético fragmento presenta una dificultad inocultable: su materialización ha sido mediocre. Era obvio que de la noche a la mañana ese hermoso articulado no iba a convertirse en una realidad, resulta correcto manifestar que un país se reconstruye poco a poco, pero había la esperanza de que se dieran pasos categóricos para aproximarse con más premura a la meta. Bueno, existen algunos avances como la acción de tutela, pero hoy el Estado que se concibió está lejos.
Las ramas ejecutiva, legislativa y judicial están en deuda con Colombia, sus pasos han sido flojos y hasta en falso. Eso sí, hay que recalcar la labor de la Corte Constitucional, no todos sus pronunciamientos son perfectos pero la mayoría han aportado de modo determinante a la realización del catálogo de derechos, deberes y principios.
Aun así, la realidad no deja de ser adversa, hoy la vida no parece inviolable, la paz no se ha comprendido como un deber, la educación de calidad sigue siendo un privilegio de las elites, el trabajo es menos un derecho que una oportunidad, no todos cumplen con el deber de participar en la vida democrática, muchos no tienen un servicio de salud decente, algunos no pueden desarrollar su personalidad con libertad…
Mientras tanto, la parte orgánica de la Constitución, esa que estipula como se estructura, se compone y funciona el Estado, tiene algunos inconvenientes de fecundación. Por ejemplo, los métodos que se acordaron para elegir a ciertos altos dignatarios del Estado, han creado en la práctica un círculo siniestro que afecta el sistema de pesos y contrapesos y que incitan al clientelismo.
La división de poderes debe ser total. Es un error que el Presidente efectúe las ternas para escoger al Fiscal y al Defensor del Pueblo y que además postule a un candidato para ser Procurador. Es un error que el Senado elija al Procurador, la Cámara de Representantes al Defensor del Pueblo y el Congreso al Contralor y a los magistrados del Concejo Nacional Electoral (a los mismitos que solucionan los litigios que surgen en ocasión de las elecciones). Y así…
En el billar se conoce como pifia al golpe falso que le propinan con el taco a la bola. Así que la Constitución tiene sus pifias, las cuales se pueden descifrar en dos tipos de normas (como se ha dicho). Unas que no se ven totalmente reflejadas en la vida cotidiana y otras que cuando se practican estimulan más bien la trampa, contrariando así los principios orientadores del Estado colombiano: la igualdad, la justicia, la libertad, la solidaridad, la democracia.
Hay que defender el espíritu social de la Constitución Política de 1991, pero así mismo hay que buscar la aplicación de su segmento filosófico y la corrección de sus errores de origen, haciendo imperar más los méritos y la dignidad humana. Se trata de una tarea espinosa, un compromiso que no solo debe ser asumido por los distintos poderes del Estado, sino también por el sector privado y sobre todo por la ciudadanía, que al fin y al cabo es el constituyente primario.