Pese a que la ley estatuaria de la salud dejó de un lado varios temas fundamentales que eran necesarios para redireccionar el sistema, la reforma sigue siendo trivial y ambigua puesto que su contenido y alcance no tiene la capacidad de resolver varios asuntos que siguen necesitando regulación y medidas más efectivas para resolver problemas propios del sistema, como su financiamiento por ejemplo, que considero es el más grave dada la operación del sistema por las viejas leyes del mercado, esto es por vía de la demanda y la oferta.
Pues lo que se esperaba era asegurar la financiación del 100 % por parte del Estado y que se eliminaran o limitaran las responsabilidades de los particulares ante los administradores del sistema (EPS).
De igual manera, siendo una ley estatutaria regulatoria de un derecho fundamental conexo a la vida como es el derecho a la salud, el texto de la ley ni siquiera hizo mención de la acción de tutela como mecanismo procesal para que los usuarios del sistema sigan reclamando la protección de sus derechos por esta vía con ocasión de las “zonas grises” que van apareciendo.
De igual manera, nada dijo en cuanto a los operadores judiciales que vienen resolviendo los litigios relacionados con la vulneración de los derechos de los pacientes.
Pero lo más lamentable y absurdo al tiempo, es que dicha reforma fue anunciada con mucha vehemencia por parte del presidente Santos cuando transitaba en medio de una campaña para reelegirse presidente y hoy sea el mismo presidente Santos quien no muestre ningún tipo de interés para sancionar dicha ley, después de haberse cumplido el trámite de revisión por parte de la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-313-14 y el tiempo legal que tiene el señor Presidente para hacerlo.
Pero lo más insólito aun, es que dicha reforma presuntamente es la respuesta en parte al requerimiento del Alto Tribunal Constitucional después de haber declarado el estado de cosas inconstitucionales en el sistema de salud mediante la Sentencia T-760-08, lo que indicaba que se trataba de un tema de suma urgencia.
La lectura que se puede hacer de todo esto es que la culpa no es solo de los hospitales, pues tal situación lo que refleja es que aún persisten las trabas administrativas en las esferas nacionales y las extremas posiciones obstinadas de los Ministros, que como el de Hacienda impiden un acceso eficaz y eficiente a los servicios de salud por estar pensando en el ahorro del gasto público antes que el derecho a la vida.
Está bien que el presupuesto público sea manejado bajo principios austeros, pero no hay que perder de vista que “en tanto el hombre es persona y en cuanto tal tiene dignidad y no precio”.