Las manos rojas del reclutamiento juvenil

Cómo registramos anteriormente en nuestras noticias, pero no dejaremos desapercibido en este escrito editorial, cada 12 de febrero se conmemora el Día de las Manos Rojas, una fecha dedicada a la sensibilización y el rechazo contra el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados. Esta conmemoración tiene sus raíces en la entrada en vigor del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño en 2002, el cual prohíbe la participación de menores en conflictos armados.

En el departamento del Cesar, la problemática del reclutamiento y la desaparición forzada son especialmente graves. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), 7.058 personas han sido víctimas de desaparición forzada, secuestro o reclutamiento forzado en el departamento. Entre 1958 y 2016, se registraron 411 casos de reclutamiento y utilización de menores de 18 años en el contexto del conflicto armado.

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) en agosto de 2024, debido a la expansión del Frente 33, disidente de las Farc, desde la subregión del Catatumbo hasta la zona alta de La Esperanza (Norte de Santander) y San Alberto (Cesar), lo que incrementa el riesgo de reclutamiento forzado de menores. 

La alerta también se extiende a los bloques Gentil Duarte y Jorge Suárez Briceño y el Frente Raúl Reyes, también disidencias de las Farc, que podrían afectar los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de los habitantes de los municipios de La Esperanza y San Alberto. Alerta que no fue atendida a tiempo por el Gobierno Nacional.

Ante esta situación, la Gobernación del Cesar y las alcaldías han realizado jornadas de sensibilización sobre el reclutamiento de menores. En Manaure, la Policía Metropolitana de Valledupar, junto con la Alcaldía y otras entidades, conmemoraron el Día Internacional contra el Reclutamiento Ilícito de Niños, Niñas y Adolescentes con una carrera atlética recreativa.

La Defensoría del Pueblo ha solicitado a las entidades nacionales y departamentales que apoyen a los municipios para fortalecer su capacidad de respuesta y proteger los derechos de la población civil. La entidad busca impulsar acciones de prevención, protección y atención integral para evitar delitos como homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados, instalación de minas antipersonal, confinamientos, desapariciones, hurtos y el reclutamiento forzado de menores.

Es cierto que el nivel de reclutamiento es menor en el departamento comparado con otras regiones del país en los que se generó un aumento en proporción geométrica de las tropas guerrilleras disidentes de las Farc y del mismo ELN, también de bandas directamente protectoras de mafias dedicadas al tráfico de narcóticos y del Clan del Golfo.

Violentólogos lo han asociado a que la disposición generosa del gobierno nacional creando posibilidades de paz, propiciando ceses al fuego sin verificación y abriendo mesas de negociación y las expectativas de obtener contraprestaciones para los miembros de organizaciones armadas por su volumen, así como una forma de aumentar el poder de negociación, han incentivado el reclutamiento sin límites de esas organizaciones ilegales armadas en campos y ciudades.

Y es más fácil llegar a reclutar menores y personas frágiles por su estado de adolescencia, cuando las expectativas de educación, estabilidad en el hogar, pobreza e incertidumbre los conduce, en regiones en las que el uniforme y el arma castrense generan simpatía, ingreso, adrenalina, riesgo heroico, a hallar colectivos que ofrecen, además, paradójicamente, pertenencia y prestigio local.