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Las leyes que respaldan a las mujeres víctimas

Las mujeres víctimas de violencia deben denunciar los casos que les afectan porque hay leyes que las respaldan.

A pesar que desde el  24 de enero de 2013, el Gobierno Nacional dio a conocer la expedición de los Decretos 2733 y 2734 de 2012, en las que se toman las medidas de atención para garantizar la habitación, alimentación, y transporte para estas personas, esto en poco o nada se ha cumplido, según Maira Alejandra Avendaño Rincón, miembro del Comité Académico Red de Voceras y Voceros de la campaña ‘Párala Ya’, debido tal vez al desconocimiento de dichos decretos.

Una de las actividades que la Red de Voceros y Voceras ha hecho para que se cumplan estos decretos que hacen parte de la Ley 1257 de 2008, fue el plantón realizado en las afueras de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, Fiscalía 18 Local de Valledupar, llevado a cabo el pasado 18 de junio, protesta en la que exigieron a las autoridades judiciales, el cumplimiento de las leyes que prohíben y sancionan la violencia contra la mujer. 

La Red de Voceros y Voceras del programa ‘Párala ya’, hace un llamado a la sociedad para que no sea indiferente a la violencia contra la mujer.

De acuerdo con Maira Alejandra Avendaño, exigen que esas personas que trabajan en la rama judicial, cumplan con el Artículo 8 Literal K de la Ley 1257 de 2008 y el Artículo 4 del Decreto reglamentario de la Ley 1257, que establecen que cuando una mujer es víctima de violencia en cualquiera de las modalidades ya sea física, sexual, psicológica y patrimonial, en el ámbito intrafamiliar o público, tiene el derecho a “no ser confrontada con su agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo, debido a que este tipo de delitos, dejó de ser conciliables.

Para los miembros de la Red de Voceras, no se justifica que pese a que existen leyes y decretos, aún en el Cesar se continúe citando a las mujeres víctimas de violencia, a las audiencias de conciliación, con la advertencia de que si no acuden a las diligencias le pone fin al proceso, por lo que someten a una segunda victimización.

Las denuncias hechas por las mujeres víctimas de la violencia, deben ser vigiladas por parte de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personerías y demás entidades relacionadas con el tema, indicó Maira Avendaño, quien agregó que le hizo un llamado a la Mesa Interinstitucional de Equidad de Género de Valledupar con el fin de que diseñe una estrategia articulada de seguimiento a los  casos.

Los Decretos 

Para proteger a mujeres víctimas de violencia de género, el Gobierno fortaleció medidas que complementan a los cuatro decretos que en materia de salud, trabajo, educación y justicia se expidieron en diciembre de 2011.
Uno de ellos está relacionado con deducción de impuestos, definida en la Ley 1257 de 2008, que se aplica a los contribuyentes obligados a presentar declaración de impuestos y complementarios que, en su condición de empleadores, contraten a trabajadoras víctimas de violencia comprobada y procede por un término de máximo tres años a partir de la fecha en que se inicia la relación laboral. El monto de la deducción será del 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el vínculo laboral.

Medidas de atención 

Las medidas de atención están  dirigidas a aquellas mujeres víctimas de violencia cuya vida e integridad se encuentren en riesgo, así como para sus hijas e hijos. Dichas medidas de atención están a cargo de los sectores de salud, justicia y defensa, según lo reglamentado en el Decreto 2734 de 2012.
En caso de que se requiera, a las mujeres víctimas se les debe suministrar el servicio temporal de habitación, alimentación y transporte, que serán otorgados por las Comisarías de Familia o Juez de Control de Garantías para situaciones de violencia en ámbitos diferentes al familiar. Esas medidas de atención serán hasta por seis meses, según explicó Maira Alejandra Avendaño.

Agregó que “cuando la mujer esté en riesgo y no puede continuar viviendo en la misma casa con su agresor, a la entidad de salud a la que está afiliada, bien sea contributivo o subsidiado, o el Fosyga si no tiene afiliación, le corresponde asumir esos gastos de alojamiento que hacen parte de costo generado por la prestación de las medidas de atención”.

Un dato 

En la zona rural de Valledupar, se presentan muchos casos de violencia sexual pero esto poco es denunciado. 

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