El comparendo impuesto por la Policía a un joven bogotano que compraba empanadas en un puesto ambulante, más allá de las burlas, debería generar en los ciudadanos una reflexión sobre cómo vamos en este país en aspectos sociales, económicos y políticos.
El caso de la empanada es objeto de todo tipo de memes en las redes sociales y ha acentuado la mala imagen que tiene un gran porcentaje de colombianos sobre la Policía, que pasa de escándalo en escándalo.
Hemos visto como un día el pueblo se solidariza con la institución por los muertos que pone durante su trabajo por seguridad ciudadana y otro día vemos como es fustigada sin piedad en las redes sociales por un comparendo. Aquí no ahondaremos en si está bien o no está mal la sanción por el caso de las empanadas, solo queremos invitar a la reflexión, a dejar la chabacanería, a preocuparnos por lo que podemos aportar cada uno a favor de nuestra sociedad.
Impulsamos la posición crítica frente al actuar de los funcionarios públicos, pero con respeto; de los ciudadanos esperamos actuaciones conscientes del límite de sus derechos y de la amplitud de sus deberes.
La empanada de marras evidencia uno de esos tantos vacíos que pervierten las leyes colombianas y que mantienen a este país en una anarquía permanente. En ese sentido, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, ya afirmó que se está mal interpretando el Código de Policía y además estudia la posibilidad de capacitar más a los uniformados o incluso modificar la Ley 1801.
Coincidimos con ella en que se requiere mayor claridad sobre la aplicación del Código, especialmente en el artículo 140, literal 6, “Promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente”.
Quienes viven del rebusque ponen sus puestos ambulantes en frente de sus casas y en los espacios públicos de las principales avenidas, bajo el argumento de que tienen derecho al trabajo, válido, pero también está el derecho de los otros ciudadanos a disfrutar de los espacios públicos.
Gracias a este mediático caso volvemos a analizar cómo vamos en cuanto a comparendos por el mal comportamiento ciudadano y cómo avanza la consecución del andamiaje requerido para su aplicación, que requiere de millonarias inversiones. Pero ya es costumbre en Colombia que las leyes sean una maravilla en el papel, pero cojas en su andar por falta de recursos.
Por mencionar una: la ley de víctimas que benefició a más de 7 millones de personas, pero dejó un sinsabor en otro tanto que todavía espera sus beneficios.
Las empanadas callejeras nos deben recordar la grave situación de empleo que azota el país (Según el Dane, en el 2018 la tasa de desempleo en el total nacional fue 9,7%, presentando un aumento de 0,3 puntos porcentuales al compararlo con 2017 con 9,4%), ante lo cual debemos pedir al Gobierno que impulse de la mano de los empresarios las estrategias que permitan mejorar el panorama.
La principal y más clara conclusión de todo este embrollo, ya la sabemos de memoria: Colombia es un país de doble moral en el que se fustiga a las autoridades si actúan conforme a las leyes y si no lo hacen también.