Lo que pasó hace exactamente un año (16 de febrero de 2013) cuando en el municipio de Codazzi, norte del Cesar, una mujer tomó la fatal decisión de suicidarse, pareció un caso más de tantos que ocurren en el departamento. Sin embargo, era la puesta en escena de la tragedia de una víctima de violencia sexual que vivió y padeció los estragos de la guerra, a tal punto que decidió acabar con su propia vida.
Pero no fue la muerte de cualquier víctima. Era Angélica Bello, la líder de las víctimas de la violencia sexual en Colombia, una mujer defensora de derechos humanos que se refugió en Codazzi, huyendo de la violencia que la sacó de su tierra natal para recorrer media geografía nacional, tratando de olvidar las aberraciones que ella y sus hijas vivieron. Su muerte fue el estímulo de otras mujeres que en una mezcla de valor y miedo, siguen trabajando para ayudar a las mujeres víctimas de los crímenes cometidas por los grupos guerrilleros y paramilitares en el Cesar, especialmente en las zonas de Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Valledupar, entre otras.
Por obvias razones, sus nombres no se pueden revelar, los victimarios siguen sueltos y pueden aparecer en cualquier momento. Lo importante aquí es que después de doce meses de haber ocurrido ese infausto momento, que dejó sin fuerza de lucha a sus compañeras de la Fundación Defensora de los Derechos Humanos de la Mujer (Fundhefem), que sintieron que ahí terminado todo, su trabajo por el que luchó, sigue. Su legado continua y con mayor ahínco, porque las víctimas de los delitos basados en género, como los cataloga la Ley de Justicia y Paz, han comenzado a contar sus casos, aunque la mayoría sin denunciarse.
El homenaje que ayer le rindió la Unidad de Victimas en Valledupar, en un acto público encabezado por la directora nacional de esta Unidad, Paula Gaviria, no debe quedarse solo un saludo a la bandera, sino en la oportunidad para potenciar lo que debe convertirse en el Cesar en un gran movimiento de mujeres víctimas de parte de miembros de grupos armados, llámense como se llamen, que abusaron en todas sus formas de las mujeres.
Un movimiento que se puede consolidar solo si la institucionalidad entiende que una mujer líder que defiende los derechos vulnerados de otras mujeres, no puede hacer este trabajo sola, amparada por la voluntad de Dios, como dicen algunas de ellas. Lo mínimo que deben tener es seguridad y es aquí donde las instituciones del Cesar deben reclamar ante el Gobierno Nacional, específicamente ante la Unidad Nacional de Protección –UNP-, la respectiva protección para ellas. EL PILON conoce que varias de las líderes de víctimas de delitos sexuales solo reciben un celular y en algunas ocasiones un chaleco antibalas, y con eso no es suficiente. Incluso, existen casos en que son señaladas porque supuestamente quieren hacer aparecer como delitos, lo que según los victimarios fue una relación consentida. Cuando se sepa la verdad de la que habla la Ley de Justicia y Paz, el Cesar conocerá la dimensión de lo que en realidad sucedió. Los alcaldes de los municipios donde están estas valerosas mujeres no pueden seguir como estatuas, ciegas, sordas y mudas, como si el tema no les importara.