En el imaginario está un joven que impartía cívica, ética, principios de solidaridad y trabajo colectivo, lideraba al grupo de ‘Boy Scouts’ en el que muchos niños, adolescentes y jóvenes aprendieron del respeto y cuidado por la naturaleza; coadyuvó en las tareas de la ‘caravana del ladrillo’, junto al sacerdote Albeiro de Jesús Bedoya García, para la construcción de la iglesia del barrio; procuró que el parque, que hoy lleva su nombre (Guzmán Quintero), tuviera una oferta para quienes en esa época eran niños, adolescentes y jóvenes, y participó de las luchas de las clases populares para que los barrios bajos y periféricos del occidente de Valledupar tuvieran un colegio digno que atendiera la demanda educativa, y esa lucha estudiantil se vio recompensada en lo que hoy es el colegio Upar, misma lucha que libraron el Instituto Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo, Instpecam, y el Colegio Nacional Loperena por la defensa de la educación pública, y que terminó estigmatizando al Movimiento Estudiantil de la década del 90.
Guzmán Quintero se fue a Barranquilla a formarse como periodista, eran tiempos difíciles. Algunos jóvenes migraron, otros fueron desplazados, otros desaparecidos, otros asesinados, otros se fueron a servir en la guerra: en un bando u otro y en la institucionalidad. Desde entonces mucha agua ha pasado por debajo del puente del río Guatapurí.
A su regreso, en el Valle del Cacique Upar están sucediendo una serie de hechos que el periodista va a ir relatando como un compromiso y responsabilidad con el tiempo y el lugar en el que le correspondió y decidió vivir.
El 12 de octubre de 1995, El Diario Vallenato publicó en primera página: ‘Ataque de venezolanos fue bastante serio’. El registro da cuenta de una incursión los días 8 y 9 de octubre de 1995 en zona limítrofe entre el municipio de Manaure, Cesar, y territorio venezolano, en donde fueron retenidos varios campesinos, entre ellos Julio Paternina, quien fue asesinado. Además, fueron destruidas algunas viviendas de los labriegos y sacrificados sus animales. Las autoridades locales atribuyeron el hecho a las Fuerzas Militares de Venezuela.
El 9 de noviembre de 1995, Guzmán Quintero Torres publicó en el periódico El Heraldo (página 2C) el trabajo ‘Después de un mes – Buscan ayuda internacional por el conflicto en Perijá’. El entonces gobernador del Cesar, Mauricio Pimiento Barrera, y la personera del municipio de Manaure, Lucelly Saldarriaga, tramitaron la intervención de organismos internacionales en la serranía de Perijá. Se informó que el origen del conflicto eran los cultivos de amapola en la zona de frontera.
El 27 de noviembre de 1995, Pimiento Barrera reconoce la existencia del paramilitarismo en el territorio y dice que son grupos venezolanos: ‘Anuncia Gobernador del Cesar- Venezolanos arman grupos paramilitares’, (Quintero, G. El Heraldo, p. 15A).
ACCU
Guzmán trascendió de la información oficial y publicó el trabajo ‘Los Hijos de La Sierra’, un artículo de seguimiento sobre lo que estaba sucediendo en la frontera colombo–venezolana, sobre la instalación de ejércitos privados en la serranía de Perijá: “El Comandante del Ejército, general Harold Bedoya Pizarro, dijo que no conoce información sobre existencia de un grupo paramilitar en la zona fronteriza, sobre las estribaciones de la Serranía del Perijá, a raíz de la notificación del Gobernador del Cesar, Mauricio Pimiento Barrera, quien alertó sobre la conformación de la organización que se autodenomina ‘Hijos de la Sierra’”. (El Heraldo, 29 de noviembre de 1995, página 3C).
Ante los hechos, los periodistas ejercieron presión para que el gobernador diera a conocer lo que estaba ocurriendo al Ministerio de Relaciones Exteriores. En una misiva el mandatario regional advirtió sobre la conformación de grupos ilegales en la sierra. De inmediato, las intimidaciones contra los periodistas y las familias no se hicieron esperar. El Diario Vallenato registró las amenazas en su primera página del miércoles 29 de noviembre de 1995.
Los periodistas a varias manos construyeron un comunicado conjunto, entre agremiados al Círculo de Periodistas de Valledupar, CPV, miembros de otras organizaciones y comunicadores independientes. El documento estuvo respaldado por los presidentes de las agremiaciones de periodistas del Cesar: Nubia Mejía Parra, del Círculo de Periodistas de Valledupar; Víctor Cobo Solano, del Círculo de Cronistas Deportivos del Cesar; Gustavo Cuello Díaz, de la Asociación de Periodistas del Cesar, así como por Lolita Acosta, en representación del Colegio Nacional de Periodistas y todas las bases del gremio en Valledupar.
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Hubo reclamaciones de paz de la ciudadanía, el sur del departamento se movilizó pidiendo la ‘Primera Consulta Popular por la Paz’. El país sintió la necesidad de tomar parte activa en las propuestas para exigir a los violentos el cese de la guerra y el respeto a la población no combatiente, como lo registró EL PILÓN en su página 11 del lunes 26 de octubre de 1998.
Al tiempo que se hacían públicas las reclamaciones de paz, aumentaban las masacres, amenazas, crímenes selectivos de familias enteras, secuestros y desapariciones forzadas, se citan algunos ejemplos por la proximidad de Guzmán con la región comunicativa y la cercanía que se infiere con las víctimas a partir de la escucha de sus compañeros de trabajo y familiares.
El 9 de marzo de 1999 hay un triple asesinato en la serranía de Perijá y los autores dejaron las casas marcadas con las iniciales ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá). ‘El inspector una de las víctimas – Masacradas tres personas en San José de Oriente’, según registró EL PILÓN el 11 de marzo de 1999.
El 10 de mayo de 1999, EL PILÓN publicó el artículo: ‘Ejército asesinó a dos civiles’. Guzmán salió en la foto principal cargando a un niño herido y el informe explicó que las tropas del Grupo Mecanizado Rondón, al parecer, pretendían atacar a un grupo de guerrilleros y por equivocación dispararon contra el vehículo particular, en Conejo, sur de La Guajira. El 30 de junio del mismo año, EL PILÓN publicó la historia: ‘En cercanías de Patillal – La Fuerza Aérea disparó “fuera de Polígono”’, en la que se relata un ejercicio en el que de forma inexplicable los militares dispararon contra una vivienda en Patillal, corregimiento de Valledupar, donde resultó herido un niño.
La madre del menor herido, Saida Maestre, fue a EL PILÓN en busca de asesoría y Quintero le aconsejó buscar ayuda de la Defensoría del Pueblo y demandar al Ejército. El 2 de julio de 1999, el diario publicó: ‘Por daños del avión Fantasma – Campesinos insatisfechos con la FAC’, tras un acuerdo que los compensaba con $100.000 de la época como parte de pago por el daño causado. El 6 de julio paramilitares incursionaron en Patillal, al norte de Valledupar, donde tres personas fueron asesinadas.
El 7 de julio de 1999, la redacción judicial publica en las páginas 10 y 11 de EL PILÓN: ‘Asesinadas cuatro personas en Patillal y Río Seco’, ese día, Saida Maestre fue desaparecida y días después fue encontrada muerta con signos de tortura. El 12 de julio de 1999, EL PILÓN registró: ‘A 5 se eleva número de víctimas por incursión armada en Patillal. (EL PILÓN, 1999, 2013).
CRIMEN DE LESA HUMANIDAD
El 12 de septiembre de 2019, cuatro días antes de cumplirse los 20 años del asesinato de Guzmán Quintero, la Fiscalía General de la Nación a través del despacho del fiscal 77, Mauricio Núñez Caro, de la Dirección Especializada Contra la Violación a los Derechos Humanos, DECVDH, declaró el homicidio del periodista como crimen de lesa humanidad: “(…) El homicidio perpetrado en contra del periodista y defensor de derechos humanos Guzmán Quintero Torres, efectivamente reviste las características de un crimen de lesa humanidad…” (Radicado 627, Fiscalía, 12 de septiembre de 2019, página 27).
El reconocimiento como crimen de lesa humanidad es una compensación a la sociedad y a la familia de Guzmán Quintero Torres. Es una manera de reivindicar que la víctima era una persona apreciada por la sociedad colombiana y en términos jurídicos se convierte en un crimen imprescriptible, ¿qué significa? Significa que nunca se va a agotar el tiempo y la posibilidad de que los autores materiales e intelectuales sean identificados, procesados y sancionados.
El abogado Villalba enmarca el asesinato de periodistas en el contexto de lo que denomina ‘Terrorismo de Estado’ con el uso del paramilitarismo, una estrategia para que se ocuparan de las acciones ilegales que el Estado no podía ejecutar, “… y es esa alianza entre Estado y paramilitares para asesinar a quien consideraran un estorbo, para asesinar a los críticos, a los defensores de derechos humanos, a los líderes sociales, a los periodistas que no fueran de su agrado por el tipo de trabajo que realizaban”, una estrategia que define como ‘Terrorismo de Estado’, “… en Colombia ha habido Terrorismo de Estado. El asesinato de Guzmán Quintero Torres es producto de esa política de Terrorismo de Estado”.
“UN FALSO POSITIVO JUDICIAL”: VILLALBA
En el homicidio de Guzmán se ha dicho que no fueron condenados los verdaderos responsables del crimen. El caso, como el de muchos otros periodistas de pequeños y medianos medios de comunicación, permanece en la impunidad.
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Villalba, quien hizo una revisión del expediente, afirma que “no se hizo una investigación dirigida a conocer la verdad de los hechos sino que se hizo una investigación para mostrarle al país resultados que no correspondían con la realidad”.
En su opinión, “las personas condenadas no cometieron este crimen… su vinculación fue una estrategia para mostrar un falso positivo judicial a la sociedad diciendo que la justicia funcionaba y para obviamente tapar y ocultar la responsabilidad de los verdaderos responsables de su crimen”.
El abogado de la familia Quintero Torres exhorta a la justicia colombiana a que vaya más allá de quienes dispararon contra la humanidad de Guzmán: “Aquí lo que hay que pensar es sobre quiénes determinaron, decidieron y definieron el asesinato de Guzmán Quintero”.
“En el caso de Guzmán Quintero Torres, los dos inculpados como autores materiales afirman no haber participado en el crimen, cuya autoría intelectual se orienta hacia integrantes de las fuerzas militares en alianza con paramilitares”, según el informe ‘La Palabra y el silencio. La violencia contra periodistas en Colombia (1977 – 2015)’ del Centro Nacional de Memoria Histórica (2015, p.30).
Katia Ospino Salem, quien hace parte de la unidad investigativa de Noticias Uno desde hace 11 años, además, es investigadora de La Nueva Prensa, participó en el libro ‘Lo que no borró el desierto’, de la escritora y periodista Diana López Zuleta, donde relata cómo se enfrenta a las mafias políticas y criminales del Cesar y La Guajira, departamento donde la iban a incinerar con gasolina en el desarrollo de una investigación periodística; hace trabajos sobre las afectaciones del despojo, el extractivismo, la corrupción y el mercenarismo de Estado; ejerce el periodismo en medio de constantes amenazas.
En la actualidad, Ospino Salem adelanta una investigación del caso Guzmán Quintero y coincide con la hipótesis de un entramado de relaciones para desviar la verdad judicial:
“La captura de los supuestos asesinos de Guzmán Quintero son un falso positivo y más adelante habrá de saberse la verdad absoluta en torno a la muerte. (A) Quienes capturaron como homicidas de nuestro colega no son los autores materiales, fue la presión del Estado sobre las instituciones regionales para dar un resultado sobre la muerte del periodista, pero fue además una manera de silenciar y ocultar (a) los verdaderos responsables. Se dice que no hay verdad absoluta y ellos basan sus acciones sobre ese dicho, pero la verdad siempre sale a flote y muy pronto hemos de saber quiénes están involucrados detrás de ese homicidio: los políticos, los responsables, los que hicieron el mandado, los que hicieron las conexiones. Pero los clanes políticos de esta región estuvieron involucrados y de eso no hay ninguna duda, estuvieron involucrados con esa masa de mercenarios al servicio de la institución militar y al servicio de los mercenarios que colaboraron en la operación delictiva que llevó a la muerte de nuestro colega Guzmán Quintero”.
El pasado 9 de junio del presente año, el periódico EL PILÓN publicó un trabajo en el que informa que Salvatore Mancuso, en versión libre de fecha primero de febrero, ‘aceptó su responsabilidad’ en el crimen de Guzmán Quintero.
En consecuencia: “Ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de solicitud de audiencia de imputación en contra del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por orquestar el asesinato del periodista y exjefe de redacción del diario EL PILÓN, Guzmán Quintero Torres, en Valledupar”, según informó el diario vallenato.
En un artículo de prensa del 3 de agosto de 2020, el periódico EL PILÓN informó de una sentencia condenatoria a 14 años de prisión contra Luciano Rojas Serrano por el delito de homicidio agravado proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Valledupar. Además, Rojas Serrano “en indagatoria insistió en que la orden del asesinato provino del exjefe de las AUC, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’”.Yuri Quintero Torres ratifica que “a Guzmán lo asesinó el Ejército: el Ejército del Batallón La Popa”. Las voces consultadas coinciden en señalar que el caso Guzmán fue un crimen de Estado. “Seguimos nosotros con la esperanza de que algún día la región y el país vallenato conozca la verdadera causa por la cual matan a Guzmán Quintero Torres”, refiere J.J. Daza.
Por: Hamilton Fuentes