Duros los ataques articulados de esta semana desde la Casa de Nariño, las Farc y la Corte Constitucional contra la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, las únicas entidades que aún mantienen su independencia en función del cumplimiento de sus deberes y de salvaguardar nuestra Constitución.
El primer ataque tuvo por cuenta de la Corte Constitucional, al admitir una absurda e improcedente demanda que pretende eliminar las inhabilidades de tipo fiscal a servidores públicos que aspiren a un nuevo cargo público o de elección popular. De prosperar esta petición en la Corte, en adelante los funcionarios públicos que se roben los dineros de la Nación o causen detrimento patrimonial al Estado, quedan con licencia para volver hacerlo. Hace tiempo atrás, eliminaron el Control de Advertencia y ahora van por el desconocimiento de los fallos de responsabilidad fiscal del ente de control. Con esta decisión, prácticamente liquidan a la Contraloría y de paso legalizan la corrupción pública en Colombia.
Claramente, esa insólita demanda tiene nombre propio. Se llama Gustavo Petro, considerado el peor alcalde que ha tenido Bogotá en su historia y que ahora tiene aspiraciones de convertirse en el peor presidente de Colombia. Resulta que Petro fue condenado fiscalmente por haber despilfarrado una millonaria suma de dinero público en el fracasado esquema de recolección de basuras y en la reducción de tarifas de Transmilenio, y hasta tanto no restituya el daño económico causado al Estado, no podrá ocupar ningún cargo público o de elección popular.
Como el señor Petro tiene buenos cachas (amigos) en las Altas Cortes, puso a un ex M-19 que presentara la demanda para ver si la Corte Constitucional elimina esa inhabilidad que tiene para posesionarse como presidente de Colombia, en el caso de llegar a ganar las elecciones del año entrante (cosa que veo difícil). ¡Le queda más fácil pedirle prestada esa platica a Nicolás Maduro o Diosdado Cabello!
El segundo ataque lo lanzó el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, al pretender legalizar (según el Fiscal Néstor Humberto Martínez) la mayor operación de lavado de activos del mundo por medio del Decreto Ley 903/2017. Al estilo de Simón Gaviria, el presidente Santos no leyó el alcance de varios artículos que permiten que parte de los bienes ilícitos incautados a las Farc se destinen para financiar el nuevo partido de ellos y a una cooperativa agropecuaria que han creado para comprar tierras y desarrollar grandes proyectos agrícolas. Hasta el propio Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, reconoció este propósito como una chambonada del Gobierno.
No me quiero imaginar, las otras chambonadas que habrán cometido con la mano de Decretos-Ley que expidieron apresuradamente ese puente festivo para implementar a las carreras el improvisado proceso de paz.
Otro que ha tenido varias embestidas es la Procuraduría General de la Nación. Y no es para menos, el procurador Fernando Carrillo tiene en su Despacho las investigaciones disciplinarias contra varias ministras y altos funcionarios de este gobierno que están involucrados en los escándalos de corrupción de Odebrecht (Puerto Gamarra y campaña presidencial), Reficar, Bionergy, el carrusel de la educación en Córdoba y otros más.
Hasta algunos medios de comunicación se han sumado a esta embestida contra las ías.
Por Indalecio Dangond Baquero