Luego de 36 años de explotación minera en La Guajira, los economistas, ciudadanos, entes gubernamentales y organizaciones públicas y privadas como EL PILÓN han logrado identificar los puntos clave en el desarrollo de esta actividad como generadora de oportunidades o como fundadora de la crisis que presenta ese departamento.
Estos dos panoramas se analizarán desde los ejes fundamentales en el desarrollo económico y social de un departamento, como servicios públicos, turismo, migración y la minería. Este último, que entró en el abanico financiero de La Guajira en 1.976, es para algunos la piedra del zapato del departamento, mientras que para otros es ‘la mina’ de oportunidades que todo territorio espera.
No se puede hablar de La Guajira sin mencionar al carbón, fuente para el departamento y para sus municipios de empleo formal, desarrollo, oportunidades y progreso. Ese mineral, por décadas, ha sido el padrino de generaciones de guajiros, a los que una piedra negra les ha permitido tener educación, vivienda, salud e infraestructura.
La Guajira aporta el 36 % de la producción carbonífera nacional, la empresa Cerrejón ha beneficiado con auxilios educativos a más de 12.000 personas y viene desarrollando proyectos de educación, cultura, recreación, deporte, salud, nutrición, saneamiento básico y reasentamientos.
DE EVALUACIÓN
Varios análisis contractuales realizados por expertos economistas durante 36 años de minería en La Guajira dejan dudas, toda vez que se ha demostrado que las 82.000 hectáreas que se han utilizado para esta actividad hoy conformarían la frontera agrícola más grande del país.
Según José Luis Arredondo Mejía, economista guajiro de la Universidad Externado de Colombia y especialista en el desarrollo histórico de la economía de las regiones, las actividades agrícolas del departamento se abandonaron para tener una dependencia completa del carbón.
“La Guajira era un departamento con vocación ganadera, agropecuaria y comercial e incluso la composición sectorial del Producto Interno Bruto, PIB, antes del 2.005 era en su mayoría generado por estas sectoriales y desde ese mismo año para acá el carbón compone el 60 % del PIB, es decir, el departamento se volvió monodepentiendes y muy vulnerables a los ciclos del carbón internacional”, señaló.
Dentro de sus teorías también está que la minería trajo unos efectos nocivos y dañinos al territorio a través de ‘la maldición de los recursos naturales’.
Los dos panoramas presentados por expertos en el tema muestran dos caras de la moneda. La Agencia Nacional de Minería, que indica que La Guajira está en un periodo histórico como potencia en el país de comercialización y territorio minero, en un momento en que la minería presenta una gran oportunidad para la paz. Es decir, se esperan nuevos mercados en las regiones para los empresarios carboneros, quienes tendrán la posibilidad de ampliar sus proveedores y generar nuevas cadenas de valor.
El padrino minero de La Guajira seguirá siendo motor regional, símbolo pujante de potencial social y jalonador de las economías locales. Mientras que el sello que puede ser manejado por los ambientalistas, comunidades y entes de desarrollo territorial, es hoy visibilizado por los empleados de la empresa Cerrejón, quienes afirman que existen otras opciones para el desarrollo.
“Yo a través de la minería logré educar a mis hijos, el carro que tengo lo obtuve con los ingresos de la minería y la casa que tengo fue por las minas, pero hoy digo que si hubiese podido cambiar mi suerte y mi destino mi historia fueses otra, porque actualmente no sirvo para nada”, explican los miembros activos de la mina que funge en La Guajira.
“La extracción de carbón en La Guajira creo que tiene que ver con la crisis que se vive en el territorio. Es que mis estudios e investigaciones surgen de una afirmación que me hizo una persona: ¿Qué sería de La Guajira sin el Cerrejón? Eso me lo dijo hace tres años, su expresión me generó dolor y me pareció indigna por lo cual hoy demuestro a través de mis investigaciones que es al revés, que sin la minera nos hubiese ido mejor, puesto que en 1.975 se generaban 17.000 empleos solo en Maicao, Uribía y Manaure, es decir perdimos nuestro horizonte porque el Gobierno nacional pensó que el carbón era la panacea del departamento”, sustentó el economista guajiro.
SERVICIOS PÚBLICOS
La Guajira aparece dentro de los 17 departamentos señalados de tener una ejecución presupuestal inferior al 80 %; a enero de 2017 no se habían ejecutado poco más de $39.000 millones para acueducto, alcantarillado y aseo, pese a las necesidades de inversión.
De acuerdo con la información reportada en el Formulario Único Territorial, FUT, para el 2017 a La Guajira se le asignaron $222.413 millones para el sector de agua potable y saneamiento básico, de estos solo se ejecutaron $67.490 millones que corresponden al 30.34 %.
“Los dineros de las regalías que deben apuntar la fortalecimiento de la necesidades de las comunidades se convirtieron en los dineros que vigorizan las clientelas de los municipios mineros. Es que en los municipios mineros los planes de desarrollo no son pensados para el desarrollo población que se tendrá por ser un municipio de carácter minero, tema que ocasiona que se piense en un acueducto para 30.000 habitantes cuando en menos de dos años tendrán 45.000 y el sistema de acueducto no logrará abastecer y muchos menos cubrir las necesidades”, indicó Arredondo Mejía.
De acuerdo con las estadísticas del Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la cobertura de acueducto en La Guajira tuvo una pequeña disminución, pasando de 84.59 % en 2010 a 84.23 % en 2017, lo que muestra que durante los últimos siete años no se presentan avances en la materia, aunque se reconoce que su cobertura urbana es mejor que la del promedio nacional. Asimismo, en la zona rural, el departamento presenta bajas coberturas en acueducto y alcantarillado (22 % y 7 % respectivamente), situación que se ve reflejada recurrentemente en los indicadores de salud pública.
De los beneficios de las regalías y beneficios de las multinacionales, las rancherías aún no perciben el bienestar esperado en materia de acceso al agua potable, de una educación bilingüe de calidad, de energías limpias en sus viviendas, ni de un sistema de movilidad y de comunicaciones que faciliten la conectividad.
TURISMO Y MIGRACIÓN
Los dos ejes que parecen estar alejados de la minería y extracción del oro negro son las principales afectadas del desarrollo económico generado por la oportunidad de la mina a departamento. En el turismo, el territorio ancestral wayuu y las demarcaciones costeras, donde conviven, de manera pacífica la minería y el turismo hoy son las más amenazadas.
“La oferta turística es envidiable e impresionante pero allá no hay una estructura básica, es decir no se cuenta con una buena conectividad, comunicaciones, infraestructura vial y de seguridad. Además del daño que han hecho las industrias extractivas de explotación de carbón, de gas y próximamente de energía eólica y explotaciones offshore, extracción carbonífera y petrolera más adentro, de las cuales los indígenas aseguran ya tener consecuencias en el desarrollo pesquero”, contó el especialista en el desarrollo histórico de la economía de las regiones.
Frente a este tema, la reciente ratificación del Consejo de Estado de poder decidir sobre los usos del suelo y el tipo de desarrollo económico, la competencia constitucional de los municipios faculta a las autoridades locales de restringir la actividad minera e hidrocarburos en su territorio y adelantar consultas populares, con carácter vinculante para generar mejores plataformas que cuiden el sector económico y ambiental.
Mientras que en la migración, los expertos afirman que las administraciones municipales y departamentales no planifican sus planes de acción pensando en que los territorios mineros son atractivos para las poblaciones vulnerables quienes buscan una mejor calidad de vida, generando un fenómeno migratorio.
“Te llega una población migrante que no es la deseada, porque llega para el rebusque, la prostitución y la delincuencia, la cual te hace crecer rápidamente entonces ¿qué pasa? Un fenómeno migratorio que desencadena desempleo, crisis en la cobertura de los servicios públicos, en salud, educación y muchos otros aspectos”, concluyó Arredondo Mejía.
MAIRA MANOSALVA EL PILÓN
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