Resultaría interesante hacer un ejercicio de evaluación de la reactivación de algunos sectores agropecuarios luego de haber transcurridos 13 años de la creación de la Ley de Restitución de Tierras (Ley 1448 del 10 de junio de 2011).
Recordemos que esta ley es el instrumento legal que ordena jurídicamente el proceso de restitución, dando facultades misionales a la Unidad de Restitución de Tierras, URT, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como encargada de atender a todos los despojados de sus predios rurales durante el conflicto armado en Colombia. A ella pueden recurrir los afectados desde el primero de enero de 1991.
Las cifras que acaba de entregar la Dirección Territorial de la URT en Cesar y La Guajira, merecen un estudio minucioso de la relación cantidad de tierras entregadas vs. productividad del campo, eso permitiría conocer qué tanto ha mejorado la producción agropecuaria desde el momento en que los predios regresaron a las manos de sus antiguos y legítimos propietarios. Es decir, 13 años después.
Según la URT Cesar-La Guajira en esta región se han entregado 36.814 hectáreas. De ellas, 34.200 corresponden al Cesar y 2.611 al departamento de La Guajira. Bueno sería evaluar el impacto de esas tierras entregadas en la economía rural de esta región que desde luego debe incidir en la cadena productiva de las áreas urbanas al demandar servicios de mano de obra y tecnológicos, además de ampliar la oferta de productos agropecuarios requeridos en las ciudades.
Con esta entrega de tierras ¿qué tanto ha crecido el empleo rural y qué tanto se ha ampliado la despensa agrícola en estos dos departamentos? ¿Ha mejorado la calidad de vida de quienes recibieron esas tierras? ¿qué proyectos productivos de gran impacto se conocen al respecto? Esos son puntos clave que deben revisarse.
Es cierto que durante estos 13 años se ha desarrollado todo un proceso de carácter legal con dispendiosos procedimientos de tramitología y de largas esperas, por todo ello ahora sería pertinente evaluar si realmente ha valido la pena en pro de garantizarles todos sus derechos a las víctimas del conflicto y que eso se irradie también en el beneficio general de la sociedad civil.
Además, se espera que ese recorrido de trámites cada vez se cristalice en mayores resultados, toda vez que la URT ha informado que en estos momentos “se ha gestionado el equivalente al 85 % de todas las solicitudes recibidas en cuatro años”, indicando que en la etapa administrativa se dieron más de 200 decisiones de fondo favorables con las que se gestiona la restitución de 6.934 hectáreas. “Una cifra que se espera ampliar con las más de 700 nuevas solicitudes de inscripción recibidas en los últimos 22 meses”.
Dice la misma fuente que en los 20 meses del actual Gobierno se ha presentado 208 solicitudes o demandas con las que se busca restituir 10.248 hectáreas, lo que en cifras representa el 71 % de toda la tierra solicitada para restitución de este mandato. En total se reclaman 14.532 hectáreas.
La tarea no ha sido fácil y es meritorio reconocerlo, pero el reconocimiento será aún mayor el día que esas cifras se vean reflejadas en resultados concretos con impactos relevantes en toda la cadena productiva de nuestra región.