Como en un cuento de nunca acabar, un gobernador de La Guajira vuelve a caer en líos penales. El anuncio de imputación de cargos por corrupción electoral al mandatario Wilmer González (de La U), sumado a la captura por irregularidades en la contratación del alcalde de Riohacha Fabio Velásquez (de Cambio Radical), hacen a más de uno pensar que el caos político e institucional en la península tocó fondo.
De hecho, cuando anunció las medidas contra esos mandatarios, el fiscal Néstor Humberto Martínez pidió a la Presidencia considerar medidas extraordinarias desde Bogotá para reestablecer el orden en La Guajira.
La tragedia guajira está llena de cifras que sumadas dan cuentan del mal momento del departamento. Estas son:
510.514
El número de guajiros que viven en la pobreza
El porcentaje de personas en situación de pobreza en La Guajira a 2015 fue de 53,3 por ciento, lo que equivale a 510.514 habitantes. Estos números ubican al departamento como el segundo más pobre del país después de Chocó, donde los pobres representan el 62 por ciento de la población, según información del Dane. Con esas cifras la península supera el índice de pobreza nacional que actualmente está en el 27,8 por ciento.
44.6%
El porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas
De acuerdo con informes del Departamento de Planeación Nacional, 427.185 habitantes de la península viven con las necesidades básicas insatisfechas. Eso quiere decir que el 44,6% de los 957.814 habitantes del departamento, cuya población es mayoritariamente indígena, habitan en viviendas inadecuadas, en hacinamiento crítico, sin servicios adecuados y en algunos casos los niños en edad escolar no reciben educación.
85%
Es el porcentaje de guajiros con empleos informales
Aunque la tasa de desocupación en los últimos dos años ha sido de un solo dígito (en la última medición fue de 7,1 por ciento), en La Guajira está disparada la informalidad que se ubica en un 85 por ciento, porcentaje con el cual la península dobla la tasa de informalidad a nivel nacional que, en el último trimestre de 2016 que estudió el Dane, fue de 48,9 por ciento. Eso quiere decir que la mayoría de la población que dice tener alguna ocupación trabaja en la venta de minutos, el mototaxismo o las ventas ambulantes. En contraste, en la capital Bogotá el mismo dato de la informalidad es del 42,3 por ciento.
0
Es el número de municipios guajiros con agua las 24 horas
Pese a que el departamento de La Guajira es uno de los que más regalías recibió en el viejo sistema, estas nunca se vieron invertidas en proyectos que ayuden a contrarrestar unas de las principales causas de tragedia en esa población: la falta de agua.
Por ejemplo, entre 2012 y 2014 al departamento llegaron recursos por regalías de alrededor de 678.300 millones de pesos, como lo reseña El Tiempo, de los cuáles sólo el 2,71 por ciento se invirtieron en infraestructura de acueductos. En la actualidad, ninguno de los 15 municipios del departamento incluyendo la capital Riohacha tiene cobertura de agua potable en el 100 por ciento de su población las 24 horas del día.
171
Es el número de guajiros muertos por desnutrición en los últimos tres años
Según datos del Sivigila, el sistema de vigilancia de la salud pública en el país, los casos de muertes por desnutrición en La Guajira, un fenómeno que toca mayoritariamente a la población infantil de la etnia wayuu, han ido en aumento. En los últimos tres años han sido 171 los casos.
En 2014 se presentaron 48 casos de muertes de este tipo y 2015, con 33 decesos asociados a ese fenómeno, fue el año con menor ocurrencia de esos tres años. En 2016 esa cifra se triplicó: fueron 90 los casos de muertes asociadas con el hambre. De esos 90 muertos, según datos de organizaciones indígenas y la Secretaría de Salud Departamental, 88 fueron niños de edades entre los 0 y 5 años. Este aumento de la mortalidad por desnutrición se debe en parte, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a las mafias de la contratación de la comida que se reparte a los indígenas.
80%
Es el porcentaje de cobertura en vacunación
Desde octubre del año pasado el Ministerio de Salud trabaja en aumentar el porcentaje de población vacunada en La Guajira que sigue estando en el 80 por ciento, cuando lo normal es que se ubique en el 95 por ciento, de acuerdo con las metas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). De hecho, ese programa establece que cuando una población está por debajo del 90 o 95 por ciento de cobertura está en un mayor riesgo de presentar enfermedades tales como la tuberculosis, sarampión, influenza, neumonía entre otras. Por ejemplo, en el vecino departamento del Cesar ese porcentaje está por encima del 90 por ciento.
$1.116 millones
Costo de irregularidades en PAE de Riohacha por el cual capturaron al alcalde
El más reciente caso de presunta corrupción en la contratación en la península tiene tras las rejas al actual alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez y a su secretaria de Educación, Dilcey Acosta Novelis. Ambos fueron capturados por miembros del CTI de la Fiscalía por las posibles irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar PAE que tuvo un costo de 5.713 millones de pesos.
Según la Fiscalía, el contratista no cumplió a cabalidad con el objeto del contrato que era la entrega de alimentos y meriendas a los estudiantes de todas las instituciones de educación pública del área urbana y rural de Riohacha. Las irregularidades en este caso, de acuerdo con el ente acusado ascenderían a los 1.116 millones de pesos.
En La Silla Caribe había contado que, además de no tener experiencia en el sector de alimentos, la Asociación Social del Caribe (Asocar) con la cual se contrató el PAE tiene evidentes lazos políticos.
7
Es el número de gobernadores en líos con la justicia
Siete de los ocho gobernadores que ha tenido La Guajira desde 1992 tienen actualmente líos con la justicia o están tras las rejas, incluido el actual mandatario Wilmer González Brito (La U – Conservador) quien el próximo 9 de febrero deberá comparecer ante Tribunal Superior de Bogotá para que la Fiscalía le impute los delitos de cohecho por dar u ofrecer y corrupción al sufragante.
Como González Brito, la inhabilitada exgobernadora Oneida Pinto Pérez (Cambio Radical) deberá comparecer ante el mismo tribunal el 10 de febrero para ser imputada de peculado, celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento público y privado por presuntas irregularidades en el contrato para reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania (La Guajira), cuando ella se desempeñaba como alcaldesa.
Su antecesor, José María ‘Chemita’ Ballesteros (2014-2015) también será imputado en audiencia del próximo 15 de febrero por las presuntas irregularidades en el convenio de cooperación especial celebrado por valor de 17.500 millones de pesos para investigar las posibles causas del dengue en La Guajira.
En la lista siguen Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez (2012- 2013), condenado a 55 años de cárcel por el asesinato de tres personas. El conservador Jorge Pérez Bernier (1995 -1998, 2008-2011), quien fue enviado a la cárcel en noviembre pasado porque se habría apropiado de unos 26 mil millones de pesos que estaban destinados a la construcción de varios megacolegios en La Guajira. Hernando Deluque (2000 – 2003), quien se entregó a la Justicia en Riohacha el 9 de junio de 2016 y paga condena en un cantón militar por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación y el exgobernador José Luis González (2004-2008), quien paga condena en la cárcel El Bosque de Barranquilla por irregularides contractuales.
1.300
El número de personas contratadas para disminuir la mortalidad en Albania sin tener perfil para hacerlo
El pasado viernes, cuando el fiscal Néstor Humberto Martínez anunció que imputará cargos contra la exgobernadora Oneida Pinto, volvió a hablarse del contrato que firmó la llamada ‘princesa guajira’ cuando era alcaldesa de su natal Albania para disminuir la mortalidad infantil en ese pueblo. Ella deberá responder por las presuntas irregularidades en el trámite, la celebración y la ejecución del contrato firmado en 2014 y que fue noticia en 2015, cuando se conoció que para su ejecución fueron contratadas más de mil personas sin el perfil. Por ejemplo, para dictar charlas sobre cómo prevenir ese flagelo fueron contratadas amas de casa, albañiles y hasta mecánicos. Parte del dinero, según las investigaciones, habría ido a parar a la campaña a la Gobernación de Pinto.
$360 millones
El monto al que asciende el peculado en contrato para estudiar el dengue
Firmado el 20 de octubre de 2014 por un costo de 17.584 millones de pesos (lo que vale construir dos megacolegios con capacidad para tres mil niños cada uno), el contrato para hacer un estudio sobre las características del dengue en La Guajira y establecer acciones para la reducción del número de infectados fue uno de los más millonarios que firmó en su gobernación atípica José María ‘Chemita’ Ballesteros.
Por las presuntas irregularidades presentadas en el mismo es que la Fiscalía le imputará cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros, por un valor 360 millones de pesos, y falsedad ideológica en documento público y privado. Algunas de las irregularidades que, según la Fiscalía, rondan el contrato que firmó con la Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud (Olfis) tienen que ver con la falta de objetividad “al seleccionar a un contratista sin experiencia, sin capacidad económica, ni administrativa para cumplir un convenio de semejante valor” y el mal uso que se le dio dieron a los recursos.
Por ejemplo, de los 4.600 millones de pesos entregados a la administración departamental por parte de Colciencias para desarrollar dicho proyecto, cerca de 360 millones se usaron para pagos de contratos de vehículos, sobrecostos en compra de insumos, favorecimiento en pagos a particulares, quienes no han desarrollado las actividades para las que fueron contratados, entre otros.
Silla Caribe