La carta rogatoria que le hizo la JEP a la justicia gringa pidiendo las pruebas acerca de las cuales debería ser extraditado el jefe fariano alias “Santrich” por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, tuvo un desarrollo macondiano, el caso es para Ripley. Para que todos entiendan, la JEP hace el pedido a través del ministerio de Relaciones Exteriores, este lo envía a su par de Justicia, el cual lo hace ante su homónimo de los EE.UU mediante el sistema postal llamado 4-72 aceptado y reconocido por las partes como eficaz. La respuesta no llegó dentro de los términos establecidos. Luego se supo que la carta, importante que era, no llegó a su destino como le ocurrió a la conocida “carta a García”, con la cual los EE.UU le comunicaban al general cubano Calixto García hechos relacionados con la guerra Hispano-cubana, sin saber dónde este se encontraba. Insólito este cuento, sobre todo en la era digital y de las valijas diplomáticas. Nunca había visto un caso similar, ni en la época de la colonia española. Si Gabo viviera tendría material para escribir la Cándida Eréndida II. Pero nadie nos podrá quitar la malicia indígena que nos es atávica, la suspicacia tiene que brotar.
Haciendo de abogado del diablo, surgen muchas preguntas. ¿Por qué a esta errática carta no se le hizo seguimiento dada su importancia? ¿Por qué esas pruebas no las entregó nuestra propia fiscalía cuando allanó y apresó a Santrich, aduciendo que las tenía y contundentes? Parece que no las tenía, entonces, ¿por qué fue allanado? ¿Por qué esta solicitud, que no era una correspondencia cualquiera, hizo escala en Panamá si no se trataba de averiguar sobre los paraísos fiscales? ¿Por qué hasta ahora se dan cuenta de que la carta no llegó a su destinatario? ¿Por qué los pedidos de extradición que les hacen los EE.UU a Colombia sí llegan todos en el término de la distancia? ¿Utilizan otros conductos? ¿Será que no tuvieron tiempo de prefabricar las pruebas? Esto amerita una investigación. Cuando uno escucha las explicaciones de la ministra de la justicia, es imposible no acordarse de Condorito. No nos crean tan tontos; esta señora debería renunciar, la justicia colombiana, si bien es una minusválida moral, merece unas consideraciones mínimas de respeto, máxime tratándose de quien la representa. Aquí puede haber gato encerrado. No quisiera ser mal pensado pero, independientemente de que se le pueda sindicar o no, ¿la extradición de Juvenal Palmera se haría bajo las mismas categorías? ¿Será un delito la rebelión? Si así es, Bolívar habría muerto en la prisión, ningún pueblo del mundo se liberaría y nadie podría impulsar la rebelión en Venezuela. Para Colombia, ¿estará definido el concepto de delito político? Si no lo está, no sería aplicable.