Culminado el receso por los días de la Semana Santa y por el Festival Vallenato, la campaña para las elecciones regionales, del próximo 30 de octubre, cuando se elegirán Alcaldes, Gobernadores, Concejales y Diputados, entra en una etapa de mayor dinámica y claridad sobre los cambios que tendrá el mapa político del país.
En efecto, mayo será un mes de proselitismo encaminado a escoger en consultas internas los candidatos a la Alcaldía y la Gobernación, en unos partidos, y por encuestas, en otros. También se iniciarán los procesos internos para seleccionar las listas de los candidatos a dos importantes corporaciones públicas: concejos y asambleas.
A riesgo de volver a llover sobre mojado, como se dice popularmente, queremos llamar de nuevo la atención sobre la gran responsabilidad que tienen las directivas de todas las colectividades políticas, para escoger candidatos preparados, idóneos y honestos, tanto para las alcaldías y gobernación, como para concejo y asambleas.
Son los partidos y movimientos los primeros llamados a escoger bien a sus candidatos, a dar avales a personas preparadas, honestas y con buenas intenciones frente a la administración pública, para lo cual se deben revisar bien las hojas de vida, su preparación, su trayectoria pública y privada, y sus antecedentes en la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
No se puede hablar de plena democracia cuando al interior de estos movimientos y partidos se manejan miles de millones de pesos, encareciendo la actividad proselitista para luego buscar, de manera ilegal, recuperar esa plata en la hacienda pública.
No se puede hablar de democracia cuando muchas personas se lanzan sólo para después negociar una secretaría o una cuota burocrática menor, cuando el deber de las organizaciones políticas es definir unas ideas, unas tesis, unas propuestas, y escoger bien a sus candidatos; en lugar de estar hablando y negociando participaciones, puestos y contratos.
Desde ahora, el Estado debería tener un cuerpo élite con funcionarios de la Registraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, para investigar la gran cantidad de dinero que se mueve en torno a las campañas, que luego buscarán ser recuperados, insistimos, en los recursos y en la administración pública. Ahí está el ejemplo de los Nule, y lo que ha venido sucediendo en muchos municipios y departamentos donde se manejan millonarios recursos de las regalías del petróleo y el carbón, para citar sólo algunos ejemplos.
El derecho al sufragio en Colombia, lamentablemente, está mediado y tergiversado por el tema del clientelismo, la corrupción y el tráfico de influencias. Y de esa manera, el voto, como instrumento de expresión política pierde su razón de ser.
Luego le corresponde a los mismos partidos políticos, a las instituciones estatales antes mencionadas, a los medios de comunicación y a la misma ciudadanía ejercer una vigilancia, desde ahora, sobre ese proceso electoral que se avecina.