Se ha preguntado si el proyecto del embalse de Valledupar, conocido como Besotes, por la región en que se localizaría tiene viabilidad técnica, económica y social.
Las primeras observaciones se han hecho sobre si es necesario para abastecer el acueducto de la ciudad y de poblaciones vecinas como La Paz y San Diego.
Frente a ello debemos decir que, de continuarse con los estudios definitivos y la estructuración técnica, socioambiental y financiera, que fueron suspendidos en el inicio de su fase de Factibilidad, el proyecto entraría en operación en algún año alrededor del 2030. Sin menoscabo de la generación de cultura de ahorro y de las labores redobladas de control de pérdidas en el sistema de acueducto.
Es probable que la ciudad al alcanzar sus 500 años de fundación ya esté contando con un reservorio estratégico fundamental. Los estudios identifican que se atenderá una población de más de 800.000 habitantes. Valledupar, según datos de proyección del Dane a 2023, tiene más de 558.000 habitantes, más de un 90 % en su cabecera, habiendo sobrepasado la población de Santa Marta y Montería en la Costa Caribe y las capitales del eje cafetero. Su río en verdad y comparativamente es de poco caudal -su cuenca debe preservarse sin desmayo-; no obstante habrá en el futuro presiones lógicas para almacenar el agua y regular el caudal a lo largo de todos los meses del año. De manera que empezar pronto un proceso que es de larga maduración y ejecución física, es conveniente.
La segunda observación es sobre la resistencia que habría por parte de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada. Es una dificultad notable y solo se podrá superar mediante el diálogo, el entendimiento y la participación indígena en las fases de formulación de la factibilidad del proyecto, su operación y administración y su sostenibilidad. La posición de la comunidad -ha indagado este diario- está en función de sus intereses pero ella no llegará al extremo de que se le interprete egoísta frente a una confirmada necesidad de vida, salud y bienestar del pueblo vallenato. En el proceso de trámite de una licencia ambiental esa consulta previa con los pueblos de la sierra será ineludible; es obligatoria desde el punto de vista constitucional y legal.
La tercera dificultad estaría frente a la operación y administración de un proyecto de esa envergadura cuando la empresa de servicio de agua de la ciudad está en serias dificultades de gestión y finanzas. Es de esperar que una adecuada estructuración técnica, legal y operacional -objeto de la consultoría- establezca la mejor forma de funcionamiento y gerencia y responsabilidad tanto del proceso de construcción como de operación posterior del sistema.
Esta no es una preocupación menor: el proyecto de la planta de Aguas Residuales de Valledupar, la planta Chimila, diseñada por la consultoría del BID contratada por el Ministerio de Vivienda, que eliminaría la actual contaminación del río Cesar, definió una inversión para su construcción de 450.000 millones de pesos. Esa misma preocupación podría existir ahora para este proyecto. Pero hay y habrá forma de manejarlo bien.
Un aspecto final que se observa es su viabilidad legal y presupuestal. Aunque se ha discutido sobre la real voluntad del Gobierno nacional en su ejecución lo cierto es que en el Plan plurianual de inversiones de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) aprobada por el gobierno nacional se identifica en el capítulo Cesar, entre los diferentes proyectos, el “Reservorio Besotes”.
El otro escollo planteado, que se ha estimado en algunos sectores como superlativo, es el de la ampliación del Parque Natural Sierra Nevada, que habría incluido el área del embalse en su delimitación, comprendida dentro del municipio de Valledupar.
Ese tema fue resuelto por el propio Ministerio en comunicación del 19 de mayo de 2023, radicado 20232000370851, de la Subdirección de Gestión de Parques Naturales que respondió a un derecho de petición de ciudadanos cesarenses entre ellos Camilo Quiroz Hinojosa y Aristides López Cuello, en el sentido de que: “… Es importante mencionar que los gobiernos locales y regionales tienen la capacidad de proponer la construcción de reservorios dentro de áreas protegidas del sistema de parques naturales y de posicionar el proyecto como de interés nacional; y en este sentido la construcción del reservorio deberá entrar en proceso de licenciamiento ambiental y consulta previa si se encuentra en zona de resguardo indígena”.
Es decir, que las entidades más interesadas podrán demandar el interés de la Nación para obtener su apoyo y concurso. La obra ya está prevista dentro del PND del gobierno Petro para ser objeto de las inversiones plurianuales.
El exalcalde Rodolfo Campo en entrevista en EL PILÓN recomendó que si había voluntad se buscara un gerente que se responsabilizara de llevar adelante el proyecto y las actividades que demanda, entre otras las de llegar a acuerdos con todas las comunidades relacionadas, como la de los indígenas y campesinos de la sierra.
En el caso, un embalse que no desvía el río Guatapurí -como erradamente se ha creído- sino que es un reservorio lateral -que inundaría 170 hectáreas en un lago artificial-acumulando 38 millones de metros cúbicos (Ranchería es una represa en el propio río que almacena 200 millones), que tendrá 4.000 empleos en su construcción, deberá ponerse en la balanza: genera, mediante una turbina, energía eléctrica renovable, abastecería el acueducto, aportaría alimentos a la población campesina e indígena a su lado, así como ingresos permanentes, permitiría irrigar más de 10.000 hectáreas en nuevos distritos de riego alrededor de Valledupar, que pueden ser objeto de reforma y redistribución agraria contribuyendo a la seguridad alimentaria, y sería un atractivo turístico sin igual para Valledupar y su población tan necesitada de ingresos y empleos.
No habría duda entonces de que puede ser un proyecto viable, que debe considerarse en los planes municipal y departamental, en armonía con el PND, para el bienestar de las nuevas generaciones .
Por: Redacción / EL PILÓN.