La posibilidad de incluir a Valledupar como zona de concentración para los miembros de la guerrilla Farc no deja de despertar temor en nosotros, considero valioso el proceso de paz y además pienso que es la única salida para este conflicto que parece eterno en Colombia; pero la sola idea de agruparlos cerca a nuestra ciudad es inquietante. Como referente los colombianos recordamos el fracaso que se convirtió la zona del Caguán en épocas de Pastrana, allá aprovecharon los insurgentes para reorganizarse y dar rienda suelta a su imaginación criminal con tácticas como el collar bomba, secuestro en aviones, hasta el rapto y posterior homicidio aunque me atrevería a decir magnicidio de la exministra Consuelo Araujonoguera, se fraguaron en pleno desarrollo de aquel “proceso de paz”.
Otro ejemplo de zonas despejadas para grupos al margen de la ley ocurrió con Ralito, pero este estaba destinado para los paramilitares quienes no desaprovecharon su cuarto de hora y a pesar de las concesiones del entonces presidente Uribe Vélez, no dedicaron su tiempo para discursos inútiles clamando por la paz, sino que llevaron a cabo crímenes dentro de los que se cuenta el homicidio en Barranquilla del profesor Alfredo Correa de Andreis, el secuestro del exsenador José ‘Pepe’ Gnecco, entre otros delitos.
Esta nueva idea de concentrar ejércitos ilegales en zonas exclusivas para ellos, nos impone un enorme reto como sociedad, a quienes apoyamos el proceso de paz el reto implica demostrar si efectivamente lo apoyamos siempre y cuando sea a kilómetros de distancia en La Habana o cualquier país de Europa o si es simple apariencia para opinar cualquier tontería en las discusiones estériles entre santistas y uribistas. La oposición será fundamental con veeduría necesaria para hacerle seguimiento a estas zonas.
Por otro lado en este municipio tenemos modelos poco exitosos de zonas de concentración si me permiten la analogía; la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad es eso, un sitio en el que se concentran personas acusadas de delitos muy graves, lo que generó la aparición de bandas que siguiendo a sus cabecillas condenados recluidos en ese infierno comúnmente llamado ‘La tramacúa’, trasladaron sus empresas delincuenciales hasta esta parte de la región Caribe, camuflándose en exitosos comerciantes e incluso en humildes mototaxistas, contando hasta con la complicidad de miembros de las instituciones encargadas de protegernos.
Sería importante saber si en estas zonas se autorizará la ubicación de guerrilleros armados o sin armas, lo ideal sería que se tratara de una concentración desarmada como un verdadero compromiso de paz y decisión irreversible de regresar a la sociedad, pero el Estado debe procurar establecer e implementar medidas que eviten que estas zonas se conviertan en verdaderos comandos militares para el crimen y sobretodo que miembros de la Policía y el Ejército terminen patrocinándolos o haciéndose los de la vista gorda.
Los gobiernos regionales también tienen un alto grado de responsabilidad en este asunto, ellos podrían ser los garantes por excelencia de este proceso, lo que sería una gran oportunidad de liderazgo para los gobernadores y alcaldes; pero también las asambleas y concejos pueden ejercer controles en el seguimiento al cumplimiento de los compromisos de la insurgencia y de las autoridades propiciando debates que muestren a la sociedad el éxito o fracaso de esta gran apuesta. La pregunta es ¿estos concejales y diputados en el caso de Valledupar y el Cesar tendrán la capacidad para semejante reto?