El conflicto armado interno que durante décadas ha sobrevivido en el territorio nacional, en un determinado tiempo se permeó al interior de las Fuerzas Militares que con el afán de mostrar resultados inmediatos dieron paso a un nuevo fenómeno criminal: los falsos positivos.
Y el departamento del Cesar no fue ajeno a eso tras la verificación de la existencia de los asesinatos de 127 personas y la desaparición forzada de 121 casos, cometidos entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005 por miembros del Batallón de Artillería Nº 2 La Popa adscrito a la Décima Brigada Blindada del Ejército Nacional.
Entre las víctimas hay miembros de las comunidades indígenas, ciudadanos que no participaban directamente en las hostilidades de la guerra y personas que se encontraban fuera de combate. Los asesinatos se ejecutaron en 71 hechos registrados en Valledupar, San Diego, Pueblo Bello, El Copey, Codazzi, Manaure, La Paz y Bosconia, en el norte del Cesar, y en San Juan del Cesar y Urumita, en el sur de La Guajira.
Las cruentas historias de horror las documentó, precisamente, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, a través del Caso 03 subcaso Costa Caribe denominado “Asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado”.
En este no solo se documentó las ejecuciones extrajudiciales sino también el nivel de criminalidad que presuntamente hubo en por lo menos 140 exmilitares del batallón que solicitaron acogerse a la JEP, y de los cuales 15 son considerados los máximos responsables por su ‘rol determinante’ en la organización criminal.
Las 127 víctimas por falsos positivos fueron asesinadas entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.
Los señalados autores inmediatos e imputados son los excoroneles Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Suárez, el mayor Heber Hernán Gómez Naranjo, Guillermo Gutiérrez Riveros y José Pastor Ruiz Mahecha, el teniente Carlos Andrés Lora Cabrales, los subtenientes Eduart Gustavo Álvarez Mejía y Elkin Leonardo Burgos Suárez, los sargentos primero Efraín Andrade Perea y Manuel Valentín Padilla Espitia; así como también, el sargento viceprimero José de Jesús Rueda Quintero y los soldados Juan Carlos Soto Sepúlveda, Elkin Rojas, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra.
Para sustentarlo la JEP basó su investigación en 4 informes de entidades públicas, 5 informes de organizaciones de víctimas y pueblos indígenas, 61 versiones voluntarias de comparecientes, 19 escritos y 20 inspecciones de la JEP que incluyó la revisión de expedientes en la justicia ordinaria, en la justicia militar y la revisión de archivos operacionales de la Primera División de Ejército, la Décima Brigada Blindada y el Batallón La Popa.
EL BATALLÓN
Durante la investigación se determinó que el Batallón La Popa es una de las unidades más grandes del país y de alta relevancia por su posición estratégica en la zona de frontera, por tanto para la época de los hechos se encontraba conformado por 13 baterías: una unidad de artillería antiaérea en Riohacha, una unidad de misiles NIMROD, las baterías Albardón, Bombarda y Contera conformadas por soldados profesionales del plan 10.000; las baterías Dinamarca que luego se llamó Deriva, Espoleta, Fulminante, Hidrógeno y Radar integradas por soldados regulares; la batería Granada de soldados campesinos, una batería de intendencia local, una batería de apoyo para el combate y dos pelotones especiales; así como también los denominados grupos especiales, pertenecientes a las baterías Albardón y Contera, respectivamente .
“UNA MÁQUINA DE GUERRA”
Pero después bajo el mando del exteniente coronel Publio Hernán Mejía se crearon dos grupos especiales: Zarpazo y Trueno, activados en febrero del 2002 e inicios de 2003, respectivamente.
“Esos pelotones salían y llegaban con muertos… ya ahí… que yo me acuerde nunca Zarpazo capturó a alguien, o por lo menos que yo me acuerde ¿sí? Siempre eran bajas… ahora, siempre salían y a las 2 horas llegaban con bajas (sic)”, manifestó el exsargento viceprimero José de Jesús Rueda Quintero en versión voluntaria del 3 de octubre de 2018.
La JEP determinó que entre el 2002 y 2003 se presentaron 75 ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 50 corrieron por cuenta de Zarpazo y Trueno. Los pelotones también fueron instrumentalizados para mostrarlos como ejemplos y ejercer presión en los demás.
“Estos dos pelotones especiales se volvieron una máquina, primero de guerra, y luego se volvieron una maquinaria de muerte. También quiero dejar claro que hubo operaciones legítimas, que hubo combates tanto en la Serranía del Perijá como en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Nuevo Colón, Palmarito, Chimila, San José de Oriente, Media Luna y toda la jurisdicción del Batallón La Popa”, dijo el mayor (r) Guillermo Gutiérrez Riveros, exjefe de operaciones en una audiencia de reconocimiento.
INCENTIVOS
Con la llegada del exteniente coronel Juan Carlos Figueroa los grupos especiales también fueron usados para el patrullaje, pero se afianzaron los incentivos para los militares para que mostraran resultados operacionales.
“En primer lugar, los dineros destinados para la manutención de las tropas fueron considerados como un estímulo para la presentación de bajas. Estos recursos, incluso, fueron utilizados para la compra de armas y otros elementos para pertrechar a las víctimas. Asimismo, los permisos y el tiempo que se daba para estos fueron adquiriendo mayor relevancia, así como los estímulos frente a la entrega de armas e incluso pagos en dinero resultaron relevantes para incentivar las bajas”, puntualizó la JEP.
Asimismo, tenían como incentivos la recibida con calles de honor de los pelotones que aportaban resultados, las celebraciones y condecoraciones.
LOS PATRONES Y GUÍAS
Po eso, para lograr las falsas ‘bajas en combate’ evidenciaron dos patrones criminales: el primero se trató del asesinato de personas señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales en alianza con los paramilitares y el segundo consistió en la selección de víctimas en condiciones de vulnerabilidad a quienes engañaron mediante promesas de trabajo para raptarlas y matarlas.
“Nosotros manejábamos un sistema de guías geográficos, los guías eran sacados o recomendados por la red externa que para esa época la manejaba Manuel Valentín (un sargento imputado) y en otros casos los mandaba el coronel Mejía. Esos guías en algunas ocasiones eran vestidos por nosotros (los militares). ¿Cuál era el sistema? Si los guías iban a operación militar en ocasiones estos eran de las Autodefensas”, afirmó el exsargento Efraín Andrade.
Los guías se encargaban de señalar a los ciudadanos que supuestamente cooperaban con los guerrilleros para que fueran asesinados y ayudaban a retener de manera ilegal a los ciudadanos.
Otra estrategia de los exmilitares consistía en no identificar a las víctimas luego de ser asesinadas, por tanto, si poseían documentos procedían a destruirlos. Esto con el propósito de impedir su reconocimiento por parte de los familiares y evitar denuncias de irregularidades.
LAS VÍCTIMAS
Estas conductas se vieron reflejadas en las 127 víctimas registradas, de las cuales 121 fueron presentadas como personas no identificadas y 11 pertenecían a los pueblos kankuamos o wiwa.
Entre las víctimas también hubo 13 hombres y un adolescente relacionados con la comisión de actos delictivos que mataron e hicieron pasar falsamente como integrantes de grupos armados muertas en combate.
El 59,5% de las víctimas se presentaron durante la comandancia del excoronel Publio Hernán Mejía y el 40,5% durante el mando del excoronel Juan Carlos Figueroa.
Durante las investigaciones por los casos antes de que llegaran a la JEP solamente se habían emitido 7 sentencias condenatorias ejecutoriadas, otras 7 sentencias no ejecutoriadas, 17 procesos llegaron a etapa de juicio y los 27 restantes se encuentran en investigación previa o en instrucción.
Los familiares de las víctimas no solo sufrieron por la pérdida de sus seres queridos que incluso algunos solo identificaron muchos años después, sino que también sufrieron de estigmatización por las Fuerzas Militares.
Es el caso de los pueblos indígenas que estigmatizaron como guerrilleros a tal punto que a una parte del corregimiento de Atánquez, jurisdicción de Valledupar, los militares lo apodaron ‘El Caguancito’.
“Soy indígena kankuama, nosotros no éramos ningunos guerrilleros, éramos perseguidos por el solo hecho de ser indígenas”, dijo Neila Arias, hija de Enrique Laines Arias, una de las víctimas.
Agregó que para aquella época persiguieron a los indígenas de determinados apellidos, por lo que varios perdieron la vida.
“A raíz de eso nos tocó desplazarnos de nuestra tierra por tener el apellido Arias. (…) Todos nos perseguían. Y lo viví porque a mi también me señalaron”, aseveró la mujer.
Otros aún reprochan la actuación de los exmilitares por actuar en contra de la juventud que debieron proteger de la guerra.
“Pensábamos que estaríamos protegidos y cuidados por ellos. Pero llegaron buscando a estos jóvenes que huían de la guerra y los llamaron milicianos colaboradores de la guerrilla”, recordó Lauro Maestre, a quien le mataron a su hermano Víctor Hugo Maestre.
De los 15 exmilitares imputados anteriormente mencionados solamente no reconocieron los hechos tres altos oficiales, los cuales son: los excoroneles Publio Hernán Mejía, Juan Carlos Figueroa y el mayor (r) José Pastor Ruiz Mahecha.
El 59,5% de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales se presentaron durante la comandancia del excoronel Publio Hernán Mejía y el 40,5% durante el mando del excoronel Juan Carlos Figueroa.
LA JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, surgió en el marco del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP.
Se función es conocer los delitos cometidos con ocasión del conflicto armado y social ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016, especialmente aquellos donde hubo participación de los excombatientes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles.
Opera como como justicia transicional, por tanto, su existencia no sería superior a 20 años.
Por el mismo proceso de paz, también fue creada la Comisión de la Verdad de forma temporal con el propósito de contribuir al esclarecimiento de las violaciones dentro del conflicto interno.
Aunque ambas corporaciones surgieron del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR, cumplen las funciones desde distintas orillas.
Por Marllelys Salinas / EL PILÓN