Por: Raúl Bermúdez Márquez
Está a punto de ser sometido a consideración del Congreso de la República el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, mediante el cual, el gobierno pretende regular el Servicio Público de la Educación Superior. El proyecto consta de 164 artículos que desarrollan XIII Títulos que abarcan desde los “Principios” que la animan hasta el de “Otras disposiciones”.
Como es muy poco lo que se ha hecho de manera institucional en la UPC para socializar la iniciativa con los estamentos básicos, resulta imperativo analizar las implicaciones que para nuestra alma Máter tienen algunos aspectos esenciales de la reforma. Por ejemplo, el artículo 15 de la propuesta establece que la denominación de “Universidad” se reserva para aquellas Instituciones de Educación Superior que demuestren ante el Ministerio de Educación Nacional el cumplimiento de las siguientes condiciones: a) Contar con cuerpos profesorales en ciencias básicas. b) Contar con acreditación institucional. c) Contar con programas académicos en por lo menos tres áreas del conocimiento. d) Desarrollar investigación de alto nivel demostrable a través de grupos de investigación reconocidos en las dos categorías superiores definidas por Colciencias y por lo menos en tres áreas del conocimiento. e) Tener por lo menos un programa de doctorado debidamente autorizado”. El parágrafo 1° del mismo artículo exige que las universidades actuales “deberán demostrar ante el Ministerio de Educación Nacional el cumplimiento de estas condiciones en el término de cinco (5) años o cambiar su denominación”. Es decir, universidad que no cumpla integralmente las 5 condiciones señaladas, en un término de cinco años será degradada. La UPC, por ahora, sólo reúne los requisitos exigidos en los literales c) y e), éste último como resultado de la actividad investigativa y gestión ante el SUE Caribe, del doctor en Física, César Orlando Torres, que sirvieron de soporte para el otorgamiento del registro calificado de un doctorado propio en Ciencias Físicas, que debe iniciar en el segundo semestre de este año.
En cuanto a los literales a), b) y d) la cosa es crítica. En la UPC hay 83 profesores de carrera para una población estudiantil que supera los 14 mil estudiantes. El resto de sus 600 profesores aproximadamente, son vinculados en las modalidades de catedráticos, ocasionales y provisionales. Para los 25 programas, si se parte de un número mínimo de 10, se requieren 250 profesores de carrera. Es decir, sería imperioso en el término de cinco años vincular, por lo menos 140 profesores de carrera. Eso, – por año, y en valor presente-, representaría tener un incremento en la base presupuestal de unos 4000 millones de pesos. En cuanto al literal b) se han afrontado dificultades en el logro del registro calificado (acreditación previa) de algunos programas que han requerido su refrendación. A otros, como en el caso de Instrumentación Quirúrgica el CNA le negó la acreditación hace dos años. Como el paso previo de la acreditación institucional es la acreditación por alta calidad de todos los programas, resulta que para poder cumplir esa condición se requeriría acreditar por lo menos, 5 programas por año. Y ello está íntimamente ligado al literal d), es decir, a desarrollar investigación de alta calidad a través de grupos reconocidos por Colciencias en las dos categorías superiores. Y en los últimos dos años, los índices de investigación en la UPC han sufrido un bajonazo por el desestimulo que se le ha brindado a los grupos de investigación que habían logrado consolidarse y categorizarse de manera privilegiada en el escalafón de Colciencias.
Por todo lo anterior, la UPC, tiene dos alternativas: reaccionar o perecer. Y para lo primero, es menester entender que la meritocracia, la transparencia y la planificación de sus procesos académicos y administrativos es una condición sine qua non. Si no es así, entonces nos tocará escuchar de la opinión pública aquel reproche del verso de la canción mejicana: “¿A quién te quejas, si tu mal te lo buscaste?”.
raubermar@yahoo.com