La decisión que acaban de tomar los miembros del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar -UPC- de excluir de este órgano colegiado la representación del Gobernador del Cesar, no debe tomarse como una retaliación contra el actual mandatario de los cesarenses, ni debe atizarse con los comentarios mal intencionados de los amigos del gobernador.
Por el contrario, se debe recibir como una medida sana que ayudará a la Universidad y que la pondrá al nivel de otras universidades nacionales, como es su naturaleza, caso Universidad Nacional, donde preside el Consejo Superior la Ministra de Educación o su delegado.
Más allá de recibir la decisión como equivocada o inoportuna, o con reserva como lo expresó el rector Jesualdo Hernández, tal vez pensando en que perderá el apoyo económico y político del gobernador Luis Alberto Monsalvo, se debe mirar desde la oportunidad de buscar garantías para que la UPC tenga autonomía universitaria, para que las acciones de la política partidista no interfieran los asuntos administrativos y académicos de la universidad, especialmente las del orden nacional, cuyo ejemplo palpable -como ya lo dijimos- es la UniNacional en la que no tiene asiento ni el gobernador de Cundinanarca ni el alcalde de Bogotá.
Si el gobernador (que nunca asiste a los Consejos Superiores, sino su delegado) no hace parte del CSU, no es relevante, debido a que su vocación de servicio público debería estar enfocado siempre a apoyar a la UniCesar, por ejemplo a bajar razonablemente el valor de las matrículas con base en recursos de regalías, laboratorios, bloques de aulas inteligentes, sitios para la recreación y deporte de la comunidad universitaria, fortalecer financieramente los recursos para hacer concursos docentes transparentes, adquisición de busetas, apoyo a la investigación de los estudiantes, y la formación y capacitación docente, así como la dotación de equipos de sistemas, entre otras. Acciones que bien puede hacer sin estar sentado en el Consejo Superior Universitario.
De igual manera este esfuerzo del Gobernador -el actual y el que venga- debe estar unido a la gestión de la dirigencia política (senadores y representantes), quienes deben luchar junto con los alcaldes -sin prebendas burocráticas o contratos- para lograr que en las comisiones cuartas y plenarias del Congreso se asignen mayores partidas para la UPC que es del Cesar y no excluirla como si fuese de menos ‘abolengo’, cosa que sí están haciendo con la Unal.
El PILÓN conoce que los recursos que debería ajustar el Gobierno Nacional para la UPC es de $ 4.5 millones por estudiante anualmente frente a lo que actualmente recibe, que es de $ 1.8 millones, cuando sus necesidades reales sobrepasan los $ 110 mil millones (la Unal recibe del Estado por estudiante la módica cifra de $ 12 millones). En ese sentido, debe preocupar hoy el bajo presupuesto de la UniCesar para la vigencia 2014, que asciende a $ 54.413 millones, lo cual genera retrasos en el cumplimiento de su Misión y Visión institucional.
En Colombia, salvo Guainía, Vaupés, Vichada, Putumayo y San Andrés, los demás departamentos tiene universidades del orden nacional o departamental. En la Costa son del orden nacional, las universidades de Atlántico, Córdoba y Cesar.
Los consejeros de la UPC parece que se llenaron de requisitos, consultaron con expertos juristas y aplicaron las leyes que están claras: en las universidades nacionales preside el Ministro de Educación y en las departamentales el gobernador.
Ojalá este asunto no se convierta en una pelea jurídica, en el evento de que el Acuerdo del Consejo Superior sea demandado ante el Consejo de Estado por el Gobernador pidiendo la suspensión provisional de sus efectos.