EL PILÓN dialogó con Alfonso Campo Martínez quien asumió este año como director de la Unidad Nacional de Protección, en uno de los retos públicos más complejos y sensibles que haya cumplido en el último tiempo.
Campo Martínez, lideró el programa Personería al Barrio, durante su permanencia como personero de Valledupar y logró, desde ese cargo, acciones en favor de la defensa de las comunidades que buscaron apoyo en esta agencia del Ministerio Público.
Hoy lidera un modelo de función al que ha llamado #UNPEnTerritorio consistente en irse hasta los puntos más apartados del país para llevar el componente propio de la oferta institucional del gobierno Duque.
La UNP es una entidad adscrita al Ministerio del Interior y ejecuta la política nacional para proteger a los líderes sociales. La UNP protege a 7560 colombianos de los cuales 3704 son líderes sociales, lo que equivale al 49 %. Un cargo que no deja de ser siempre controversial en nuestro país, con una misión que estará en el ojo de ese huracán que no pasa como lo es la zozobra de muchos colombianos; hoy asumido por un vallenato,.
¿Cómo fue tu paso de Valledupar a Bogotá, te has acostumbrado en medio de la pandemia y las tensiones?
El paso de Valledupar a Bogotá estuvo cargado de emociones y retos. Por una parte, poder representar a través del cargo las capacidades y habilidades que tenemos los cesarenses ante todo un país, demostrando que sin importar desde qué región del territorio vengamos, cuando hay méritos siempre habrá reconocimiento. Llegué a Bogotá a afianzar todo lo que he logrado acumular en mi experiencia académica y de vida para entregarlo todo como servidor público. Estoy cumpliendo estrictamente con el juramento que hice ante el presidente Duque que es a su vez, jurarle al país cumplir con la constitución y la Ley. En cuanto a acostumbrarme, extraño muchas cosas de mi tierra, como la comida… ¡no hay como la nuestra! Gracias a Dios cuento con la compañía de mi familia que vive conmigo en Bogotá, eso compensa muchísimo, así como ver el impacto que estamos logrando alrededor del país.
¿Qué es la Unidad Nacional de Protección, cómo se organiza?
La UNP es un organismo de seguridad del orden nacional, con orientación de Derechos Humanos. Somos seres humanos protegiendo a seres humanos. Protegemos a todo tipo de personas que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal, ya sea por el ejercicio de un cargo público o de otras actividades que pueden generar riesgo extraordinario.
La Dirección General de la UNP cuenta con subdirecciones que apoyan su gestión. La subdirección de evaluación de riesgo valora las solicitudes y determina su viabilidad y este es un paso determinante que hacemos con eficacia, eficiencia y oportunamente. La subdirección de protección implementa los mecanismos necesarios para salvaguardar la vida de los protegidos. Por último, la subdirección especializada de seguridad y protección, creada en el marco del acuerdo de paz, adelanta todas las acciones para la protección de los integrantes del partido de las Farc y antiguos integrantes del grupo armado ilegal.
¿Por qué decidiste encargarte de una dirección de tanto estrés, responsabilidad y riesgo, desde cuándo estás al frente?
Yo no concibo mi vida por fuera del servicio público. Crecí en una familia que siempre lo ha dado todo por la gente desde distintas esferas. Mi padre y mi abuelo siempre fueron y seguirán siendo mi ejemplo a seguir y me enseñaron que la vida es buena cuando uno está feliz, pero que cobra sentido cuando podemos generar cambio social. Y, aunque no es una tarea fácil me alimenta poder aportar y generar calidad de vida entre las comunidades. He estado en el cargo desde el 23 de junio y he aprendido muchísimo de mis colaboradores y de la diversa comunidad en distintos rincones del país.
¿Qué actividad y objetivos desarrolla la UNP en la Costa y en especial en el Cesar?
En el marco de la estrategia ‘UNP en territorio’ hicimos un anuncio muy importante y es la apertura de 4 nuevas sedes en el país, dos de ellas en La Guajira y el Cesar; con esto pretendemos llegar a las comunidades vulnerables del país y consolidar la imagen de la unidad. En el Cesar 217 personas cuentan con esquema de seguridad, 107 de ellas líderes sociales. Del total del Cesar, 123 están en Valledupar y 66 corresponden a líderes sociales. Así mismo, desde el Grupo Regional de Protección, GRUP, podemos brindar una atención más específica, haciendo un análisis situacional, la tipología de la seguridad en el Caribe y todas las particularidades que se atienden allí.
¿Cuáles han sido los logros del Gobierno nacional a través de la UNP en atención a la compleja situación de seguridad que enfrentan los líderes sociales en el país?
Actualmente, la UNP protege a 7.560 colombianos de los cuales 3.704 son líderes sociales en las poblaciones que son objeto de protección. Estos representan el 49 % del total de nuestros protegidos y todos cuentan con esquemas de seguridad activos. Este es un compromiso de la entidad y el Gobierno nacional. A través de ‘UNP en Territorio’ nos hemos acercado para escuchar sus necesidades y brindar mejores garantías de protección.
En el marco del Plan de Acción Oportuna, liderado por el Presidente Iván Duque y la Ministra del Interior Alicia Arango, en articulación con distintos ministerios y entidades como la UNP, se coordina, de la mano con las comunidades, los programas de protección. Ahora, es muy importante que los líderes sociales pongan en conocimiento de las autoridades las amenazas para que podamos actuar. La invitación es que acudan de inmediato a Fiscalía, Personerías, Defensorías, Procuraduría, Alcaldías o Gobernaciones.
¿Cuál es la relación y comunicación con posibles víctimas por parte de su despacho?
Mantenemos un diálogo directo con las comunidades y estamos constantemente recorriendo el país. Mi despacho es la geografía colombiana, el 80 % del tiempo estoy en el territorio junto a mi equipo de trabajo caminando escuchando, dialogando y lo más importante: actuando. También mantenemos diálogo permanente con las otras entidades involucradas en estos procesos para darle trámite a las solicitudes y de esa manera que el trabajo interinstitucional se vea. Esta ha sido una de las prioridades de la Ministra Alicia Arango, en la cual hemos avanzado y las cifras lo corroboran: atendemos más de 4.000 solicitudes de protección que por recomendaciones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM arrojen asignación de medidas.
¿Hasta ellos llega la UNP o se limita a personalidades y reincorporados?
La UNP llega a todo el país y brinda protección al presidente de la República, líderes sociales, periodistas, dirigentes políticos, miembros del partido de las Farc, congresistas, defensores de Derechos Humanos, entre otros; sin limitaciones de ideologías, color de piel, distingos religiosos, color político. Para nosotros no existen personalidades o “gente importante”. Nosotros vemos seres humanos, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo. La UNP busca preservar la integridad y la vida, y la vida tiene el mismo valor para todos.
¿Usted no cree que se ha estigmatizado a líderes y reincorporados en los territorios al punto de facilitarse la agresión contra ellos, qué hacer sobre el particular?
Esta es una larga y profunda tarea que necesita no sólo de la intervención de la UNP sino de varias entidades del Gobierno nacional. En eso, el presidente Iván Duque ha sido muy puntual y tiene políticas públicas con un robusto alcance social, que incluso han sido reconocidas por parte de varios actores. En todas nuestras estrategias y líneas de acción propendemos por una cultura del respeto, de garantía de los Derechos Humanos y de construcción de la paz con legalidad. Somos seres humanos protegiendo seres humanos y tenemos que acabar con la cultura de la polarización, el odio, el estigma. Darnos cuenta que es mucho más los que nos une que lo que nos separa. La UNP ha interpretado todas esas búsquedas del señor presidente y ha entablado diálogos de saberes en los territorios para humanizar las relaciones entre beneficiarios y hombres y mujeres de protección.
¿No se abusa en Colombia de tenerle a esas personalidades tantos escoltas y aparatos tan pesados y notorios ante el resto de la población en calles y campos?
Le voy a explicar cómo se asignan estos esquemas. Cuando una persona hace una solicitud de protección, se hace una valoración inicial del riesgo a cargo de un equipo conformado por UNP, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Unidad de Víctimas. En su valoración, ellos no solo definen si la persona está en riesgo sino el nivel del mismo.
De allí pasa al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, quienes tienen la última palabra en cuanto a las medidas a implementar y notifican a la UNP, y nosotros estamos en la obligación de acatar las medidas que ellos, luego de todo un estricto y objetivo proceso decidan. No es discrecional de la UNP aumentar o disminuir el nivel del esquema de seguridad. Siempre debe haber una congruencia entre los niveles de riesgo arrojados y los tipos de esquemas.
Hay una participación muy grande del suroccidente en esos hechos, principalmente en Cauca, Nariño y también en la zona norte de Antioquia, principalmente en población indígena, campesinos y líderes de sustitución. Es grave especialmente en Cauca, ¿cómo se aborda?
Varias realidades imponen exigencias que son siempre atendidas desde la Institucionalidad. Esas mismas realidades han pasado por nuestra atención con enfoque diferencial. Recientemente desde la localidad de Usme recibimos reconocimiento de mujeres afrocolombianas que resaltan esos enfoques diferenciales y que le han dicho al país desde esa localidad, que la UNP es sinónimo de cumplimiento. Igual ha ocurrido con líderes en todo el territorio nacional y con población LGBTI, como fue el caso de Andrea Alexandra Fuentes, una líder Trans de Girardot, Cundinamarca, quien públicamente envió un mensaje de agradecimiento por el cumplimiento del Gobierno nacional como garante de su trabajo social. Como estos casos, tenemos muchos más que han pasado por nuestro registro y que hemos difundido a través de nuestros canales digitales para que el país conozca nuestro nivel de compromiso. Todo esto lo hemos logrado yendo a más de 25 departamentos y 300 municipios, corregimientos y veredas de Colombia, con un programa llamado #UNPEnTerritorio.
Continúan los asesinatos de líderes de Derechos Humanos y sociales por un lado, y, por el otro, de reincorporados de las Farc -estos han llegado a 238-. Organizaciones como Indepaz manifiestan que las primeras han venido creciendo más en este año. ¿Qué hacer?
Que sepa el país una vez más, que el gobierno que lidera el presidente Iván Duque Márquez, no solo es garante de la vida y protector de los derechos fundamentales, sino que da muestras palpables del cumplimiento de lo acordado. La UNP, por ejemplo, desde su Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, ha ejecutado un presupuesto cercano a los $85 mil millones en atención a excombatientes que hoy integran el Partido FARC y más de $13 mil millones de pesos se gestionan para dar alcance en lo que resta del 2020.
Son cifras que hablan de los niveles de compromiso de un gobierno respetuoso de los acuerdos; pese a las vicisitudes que enfrenta el país en esta que pudiera entenderse como una fase transicional. Nuestro respaldo es a la paz sin impunidad.
Respecto de las Farc, a raíz de la caravana de los reincorporados de las Farc, hubo un importante encuentro con el presidente Duque. ¿Qué nuevos compromisos después de los ya asumidos, le vendrán a la UNP?
Nuestro compromiso es de un importante alcance que se articula permanentemente bajo directrices emanadas del Ministerio del Interior y específicamente indicadas por la constitución y la ley.
Actualmente estamos adelantando un proceso de contratación de 686 hombres de protección, con la finalidad de seguir garantizando la seguridad de los excombatientes, este gobierno ha cumplido con el proceso y ese es un mensaje claro. En ese aspecto, todas las entidades están comprometidas y coordinadas para mantener la tranquilidad y sobre todo la protección de la vida, de todos los excombatientes que hoy están en la legalidad.
¿Cómo es el nivel de coordinación con la Consejería de Estabilización y Consolidación, con la Fiscalía General, con la Defensoría?
La institucionalidad, la constitución, la ley nos indica parámetros. Y la articulación es permanente para poder cumplir con la tarea asignada en medio de un país lleno de complejidades. Créame que este gobierno es un equipo que trabaja sin descanso para la garantía de los derechos fundamentales, en ese aspecto coordinamos con el Dr Emilio Archila, Carlos Camargo y Francisco Barbosa, de acuerdo con las competencias constitucionales de cada entidad.