Regresa a discusión del Congreso el proyecto de ley preparado por la dirigencia sindical del país y encubierto como reforma laboral. Poco aprovecharon el Gobierno y la ministra Ramírez estos dos meses para valorar las preocupaciones que se habían expresado en junio. Según ella porque el síndrome de la Coca-Cola del desierto se acabó en el país. La propuesta llega entonces repotenciada, con todo el veneno de la anterior y otras sorpresas. Eso sí, toda ella plagada de ideología.
Todo indica que sindicatos y Gobierno aprovecharon este tiempo, pero para asegurarse de que ninguna garantía o gabela a favor de esta dirigencia se quedara por fuera. Ni los gremios ni los empresarios de sectores tan afectados por la reforma como el agrícola, el turismo o el comercio fueron convocados o escuchados. Como quedó la propuesta presentada, esta reforma realmente beneficiará, y de qué manera, a las élites del sindicalismo, que no pierde oportunidad de pasar cuentas de cobro al gobierno que ayudó a elegir.
Y no podían encontrar una mejor oportunidad para tramitarla. Una economía estancada, creciendo al 0,3 % en el último trimestre; los sectores más deprimidos son precisamente los que generan mayor empleo: manufactura, turismo, comercio y agricultura. Nuestras exportaciones ya completan 6 meses en caída libre, la inversión en infraestructura y obras públicas y el propio gasto del Gobierno con bajísimos niveles de ejecución.
A todo ello se suma la muy inconveniente reforma tributaria, cuyos efectos ya están a la vista y todo esto agravado por el clima de incertidumbre, inseguridad jurídica, desgobierno e incremento de la violencia y de la inseguridad en todas las regiones del país. Difícil encontrar un peor momento para presentar esta reforma.
El aumento en los costos laborales será demoledor para las pequeñas empresas y sus negocios. Se estima que 1,8 millones se verán gravemente afectadas. Y, como es evidente, se desestimulará la creación de nuevos empleos por la pérdida de competitividad del país y los pocos proyectos de inversión nacional y extranjera que surgirán.
La reforma incorpora el delicado concepto de la huelga parcial o indefinida sin ninguna regla y aun en los servicios esenciales como la banca, el transporte o los servicios públicos, para citar solo algunos. Muy inconveniente que cualquier negociación deba darse con sindicatos de industria, como se anuncia, dejando su reglamentación al Gobierno, léase a los propios sindicatos. Ya se puede uno imaginar lo que de allí saldrá.
En materia de las empresas proveedoras de servicios, se crea una sanción de un año de salarios y responsabilidades solidarias en todos los casos para quien utilice la figura del contratista independiente.
Una curiosidad constitucional: todos los principios fundamentales de la OIT se incorporarán a nuestra legislación de manera automática, con lo cual ese organismo quedaría en la práctica con la facultad de legislar permanentemente en Colombia.
El derecho de asociación sindical será el único mecanismo para que los trabajadores puedan mejorar sus condiciones. Todo pacto colectivo queda prohibido a la luz de la nueva legislación.
Otras perlas: la prescripción sube de tres a cinco años en las demandas laborales, se marchitan las jornadas flexibles, la licencia de paternidad pasa de 2 a 12 semanas sin que nadie diga quién las va a sufragar, se presumirá que los despidos sin justa causa son actos de discriminación y la carga de la prueba quedará en cabeza del empleador.
Y ninguna mención de cómo se va a formalizar a más de 10 millones de colombianos y cómo se va a incentivar la creación de más de 5 millones de empleos en el país. Y, por supuesto, ni una sílaba en relación con las necesidades de empresarios e inversionistas. Todo para la élite sindical: más fueros para hacerlos intocables, más permisos sindicales, más disposiciones para sancionar y llevar a la cárcel a quienes se presuma ejercen persecución sindical.
De convertirse en ley esta iniciativa, la cuenta del apoyo electoral con los sindicatos quedará saldada y con creces, pero las consecuencias para reactivar el crecimiento económico y para generar empleo formal y de calidad será impagable.
Y pensar que, al igual que ocurrió en el semestre anterior, seguimos en manos de los liberales, ‘la U’ y los conservadores para atajar semejante estropicio.