El engranaje tributario se nutre de fuentes contradictorias, al vaivén de diversas ideologías antagónicas insertas en el Estatuto Tributario, para satisfacción de los grupos políticos que dictaron la constitución nacional. De un lado, se pregona que los Colombianos somos iguales frente a la ley, a la par que en nombre de ella, se constituyen privilegios inocultables.
Paralelamente, se persigue al exitoso –olvidando ya la igualdad- cuando se prescribe la progresividad tributaria. Así, vemos el espectáculo discriminatorio de persecución impositiva en contra de los que construyen país, generan empleo, soportan la carga impositiva nacional en beneficio de privilegios, para sectores que desdeñan por tradición la cultura del trabajo y el emprendimiento.
El rubro de subsidios destinados a los desfavorecidos no se traduce en mejoras en sus niveles de vida para que obtengan en el mediano y largo plazo un puesto en el mosaico laboral y de esta forma, rompan sus cadenas eternas de dependencia, subsidio y marginalidad.
El sistema tributario adolece de seguridad jurídica, coherencia y solidez que garantice un marco equitativo y estable para la atracción de inversionistas nacionales e internacionales. Por el contrario, anualmente son cambiadas las reglas de juego convirtiéndola en más gravosas y afectando ostensiblemente el emprendimiento, la eficiencia, la creación de empleo y la competitividad de los productos nacionales. Se asemeja más a una emboscada estatal.
Realizando un ejercicio básico para una nueva empresa de transporte iniciamos con la consignación en el banco y el cobro del 4xmil que significa el 0.4% del capital. Luego, al comprar los vehículos pagaría el 35% de aranceles de importación, más el 19% del IVA, luego sufragarías el impuesto al consumo del 10% según valor del vehículo. Posteriormente, girarías el 0.56 del SOAT. Más tarde, el impuesto al rodamiento del 3.5%. El seguro contra todo riesgo, alcanza un 10% anual del valor del vehículo. Finalmente, resultaría obligatorio cancelarle a la Dian anualmente el 20% de las utilidades de la empresa y un 30% del reparto en cabeza de cada uno de los socios. Más el impuesto del ICA que constituye un 1.1% de las ventas y el impuesto al patrimonio del 1% anual. Si con el agresivo impuesto alcanza un 127% y la posibilidad de declarar la quiebra de la empresa se posibilita cuando se deba un 50% del capital , con el solo arranque el empresario en Colombia ya está en bancarrota.
El impuesto se asemeja a una aspiradora de la inversión, usurpadora del crecimiento de la economía, una pulverizadora de la tasa de empleo, del desarrollo y de las ilusiones en obtener un mejor nivel de vida. Porque las calles permanecen en mal estado, las vías terciarias intransitables, la seguridad ciudadana en estado crítico y la justicia con altos índices de ineficiencia e impunidad; entre más execrables sean los crímenes se contemplan más beneficios y mayor grado de impunidad.
El estado de derecho opera no para defender a sus socios contribuyentes, sino en beneficio del estado de barbarie. La libertad del individuo es avasallada por el clientelismo estatal. Los inmensos recursos recaudados se destinan al derroche del gasto público, el despilfarro en la contratación convertida en elefantes blancos y al incremento desmedido del tamaño del estado en exaltación al monumento y el ministerio de la igualdad.
Colombia retrocede hacia el abismo de la escuela económica del Cepalismo, la cueva cavernícola del intervencionismo y por último, cae estrepitosamente al atasco del pozo de la decadencia, el decrecimiento y la recesión. De allí, resulta que con altos impuestos socialistas-confiscatorios, nunca habrá paraíso.