Estamos a escasos días para que culmine este año y las evaluaciones, balances y planificaciones se ponen a la orden del día. Es la oportunidad perfecta para hacer reflexiones de todo tipo, personales, profesionales, políticas. Esta vigencia que termina, sin dudas, fue de gran expectativa frente al proceso de paz, el cual pese a sus vaivenes sigue airoso, solo a la espera de la firma del acuerdo entre las Farc y el Gobierno, en marzo del 2016.
Otro hecho para destacar es que los colombianos ya pueden viajar a la Unión Europea sin necesidad de la visa Schengen. También se resalta la labor del Congreso de la Republica que aprobó, a mi juicio, dos leyes importantes: la ley ‘Natalia Ponce’ y la ley que prohíbe el maltrato animal. También se suma el histórico y controvertido fallo de la Corte constitucional que viabilizó la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo.
Otro hecho importante fue la declaración de la Unesco del Vallenato como patrimonio inmaterial de la humanidad.
Así mismo, hubo importantes reconocimientos para nuestros deportistas en las diferentes disciplinas que nos representaron en competencias internacionales (ciclismo, atletismo, futbol, etc). Pero lo preocupante es que mientras todo esto sucedía, la crisis institucional y la corrupción estatal se han ido elevando por encima de cualquier conflicto social.
En cuanto a la crisis institucional hoy estamos ante un país dividido entre santistas y uribistas, el general de la Policía Nacional cuestionado e investigado por enriquecimiento ilícito y acoso sexual, un defensor del pueblo violador de derechos laborales, magistrados de las altas cortes involucrados en escándalos de sobornos para fallar tutelas, un centenar de alcaldes destituidos e inhabilitados por malos manejos de los recursos públicos y un sinnúmero de hospitales públicos en cuidados intensivos.
Es asombroso que pese a que en Colombia existen dos estatutos anticorrupción, como pocos países en el mundo, la trampa y la picardía le siguen ganado a las normas y a las instituciones que regulan los comportamientos de los servidores públicos (Contraloría, Procuraduría y Fiscalía), pues estas siguen siendo débiles ante este fenómeno imparable. Pero como ciudadanos también debemos admitir, que además de ser una responsabilidad del Estado, también lo es para la sociedad, que convive con la corrupción, hoy es innegable su complicidad, pues se acepta sin ningún escrúpulo sobornar al funcionario público en cualquier nivel para obtener un beneficio y sí es en el campo de la contratación pública mucho más, es decir, la aceptamos y la encubrimos. En suma hoy existe casi que una conciencia colectiva donde la gente antes de pensar en un beneficio general piensa en sus propios intereses; un sistema donde la gente no logra las cosas por mérito, sino por influencia, por mañas, es decir, por el hecho de ser vivo. Un sistema que pese a que se denuncia, se condena, se inhabilita, la corrupción no se detiene.