Estamos llegando, por fin, al final del proceso de venta de los activos de Electricaribe a la empresa que resulte ganadora de la subasta, que en dos ocasiones había sido aplazada, para seleccionar un nuevo operador de red en los 7 departamentos de la región Caribe, cuyos usuarios han soportado con estoicismo por espacio de dos décadas una verdadera calamidad por cuenta del pésimo servicio que les presta.
Electricaribe venía bajo el control de la empresa española Gas Natural Fenosa (GNF), hoy Naturgy. La Ley eléctrica de servicios públicos establece claramente que estos se deben prestar con sujeción de los principio esenciales de “eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad”. La empresa prestadora de este servicio en la región Caribe no cumplía, lamentablemente, con ninguno de ellos.
En tales circunstancias no había otro camino distinto a la intervención, habida cuenta que la responsabilidad de garantizar la prestación del servicio es del Estado, así lo manda la Constitución Política, se procedió a la intervención y posesión de Electricaribe, primero con fines de administración y a la postre con fines de liquidación.
Se procedió, entonces, a iniciar un proceso de búsqueda de un nuevo operador que venga a ocupar el lugar de Electricaribe. Ímproba tarea esta en la que se ha empeñado el Presidente Iván Duque, consciente como lo es que de llegarse a un apagón en la región Caribe el efecto dominó que provocaría llevaría a una crisis sistémica que comprometería la prestación del servicio de energía en todo el país. De allí que en la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo, se incorporara como capítulo especial, una Plan de salvamento que permitiera salir de esta encrucijada, el cual fue complementado posteriormente en la Ley 2010 de 2019 de crecimiento aprobada recientemente.
Había dos escollos a superar para hacer viable el proceso de la subasta y despertar el apetito por la operación de este mercado, la regulación y el pesado fardo de los pasivos que arrastraba Electricaribe. Con tal fin la CREG expidió la Resolución 010 “por la cual se establece el régimen transitorio especial en materia tarifaria para la región Caribe”. Por lo demás, el Gobierno se dió la pela asumiendo el pasivo de la empresa, empezando por el pasivo pensional que supera los $1.5 billones. Se dejó en claro que “para viabilizar la sostenibilidad de las nuevas empresas prestadoras de servicio público” en la región Caribe, “la Nación será el único deudor frente a los acreedores de las deudas asumidas”. Y, de contera, a través del Fondo empresarial se han invertido $4.2 billones, aproximadamente, en la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan5Caribe.
En síntesis, están dadas las condiciones para que esta subasta permita ponerle fin a esta pesadilla que agobia a la región Caribe. Huelga decir que la empresa o las empresas que asuman la operación deberán contar con la idoneidad y el músculo financiero suficiente para acometer, a la mayor brevedad, la ejecución de los proyectos pendientes, los cuales demandarán inversiones del orden de los $5 billones en Caribe Mar y $3.7 billones en Caribe Sol.
La suerte está echada y sólo resta cruzar los dedos para que esta subasta tenga un final feliz, que le devuelva la esperanza a los 10 millones de resignados usuarios del servicio de electricidad en la región Caribe de que se este será el principio del fin de este tortuoso y torticero embrollo.