Por: Amylkar D. Acosta M1
A raíz de la discusión del proyecto de acto legislativo que busca reformar el régimen de regalías, se ha puesto sobre el tapete el tema de las vigencias futuras, dado que muchas de las entidades territoriales que las reciben actualmente han apelado a dicho expediente para financiar sus proyectos de inversión.
Lo cierto es que muchas de las entidades territoriales que hoy reciben regalías directas se tornarían fiscalmente inviables si se les priva de ellas; en departamentos como el Cesar y La guajira, por ejemplo, los ingresos provenientes de las regalías representan entre el 36% y el 40%, respectivamente, de su presupuesto anual. Es más, muchos de ellos tienen empeñadas buena parte de las regalías a través de vigencias futuras, las cuales en su momento fueron autorizadas por el Ministerio de Hacienda; muchos de estos compromisos van hasta el año 2024. 13 de los 16 departamentos que reciben regalías están endeudados hasta el cogote; en promedio las sumas comprometidas van desde los $1.000 millones anuales del Departamento de Sucre entre 2009 y 2023 hasta los $72.646 millones anuales del Departamento del Cesar.
En los casos del Cesar y La guajira fue el propio Gobierno Nacional a través del Vicepresidente Francisco Santos el que atosigó a las administraciones departamentales de turno hasta lograr que pignoraran buena parte de las regalías para financiar los planes departamentales de agua potable. En el caso particular de La guajira no fue óbice el que para el momento de la contratación del crédito con el Banco Mundial por US $90 millones no fuera sujeto de crédito ni pudiera recibir aval de la Nación por estar incursa en las causales de inviabilidad fiscal, de acuerdo con el Informe de la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda. Pese a ello, este le expidió el aval a dicho crédito; es irritante constatar que cinco años después de la firma del crédito la carencia del servicio de agua potable en La guajira sigue siendo dramática. En este caso como en tantos otros la responsabilidad de semejante despropósito es compartido por el Gobierno central y las autoridades seccionales.
Con mucha razón ha salido la Viceministra de agua, Claudia Mora, a señalar que “respecto a la nueva ley de regalías, nosotros hemos alertado que es necesario buscar una estrategia que blinde lo que ya se comprometió, particularmente para planes de agua. Primero, porque de otra manera muchos entes territoriales no hubieran podido hacer esa inversión y, segundo, porque todo lo que se hizo tiene amparo jurídico”. La Contraloría General ha resuelto demandar las ordenanzas que facultaron a los respectivos gobernadores para comprometer vigencias futuras; en dado caso que dicha acción prospere, habría que establecer quién respondería por las obligaciones contraídas al amparo de dichas facultades y las cuales están respaldadas por las tales vigencias futuras.
Es de anotar que el tema de las vigencias futuras no se circunscribe a los departamentos que reciben regalías; en total son 650 entes territoriales los que comprometieron $16.21 billones en vigencias futuras, suma esta equivalente al gasto de todos los entes territoriales del país en año y medio ($10 billones). Y los entes territoriales con rubros mayores de vigencias futuras no son precisamente los que reciben regalías, la lista la encabezan Cundinamarca con $2.9 billones, Bogotá con $2.1 billones, Medellín $1 billón, Valle del Cauca $$932 millardos, Cali $914 millardos, entre otros. Y ello para no hablar de las vigencias futuras que dejó comprometidas el Gobierno anterior por $30.5 billones, rompiendo todos los records históricos. De modo que a la hora de cuestionar el uso y el abuso que se ha hecho del recurso de las vigencias futuras la tijera debe cortar por parejo, o todos en la cama o todos en el suelo!
www.amylkaracosta.net